El Ayuntamiento dejó de ingresar 108.182 euros correspondientes al canon anual de los diez años comprendidos entre 1993 y 2002 que debía haber abonado el concesionario que explota el aparcamiento subterráneo de la plaza del mercado de Monte Alto. La inactividad del Ayuntamiento hasta 2002, época en que gobernó el PSOE con mayoría absoluta, y la lentitud con la que tramitó la reclamación los seis años siguientes, también con los socialistas en el Ejecutivo, permitió a la concesionaria eludir el pago del canon en un primer momento. Después terminó librándose de forma definitiva de saldar la deuda por haber prescrito esta, como admitió la Administración municipal en marzo de 2015, ya con el Partido Popular en el Gobierno local.
Una sentencia de un juzgado coruñés ha desestimado un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal del concesionario contra un acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Municipal. El órgano municipal rechazó la pretensión de la empresa de declarar prescritas las deudas por el canon del parking entre 2003 y 2008, cuyo importe es de 64.909 euros. El fallo judicial rechaza las alegaciones de la empresa y le obliga a pagar esta cantidad.
La sentencia pone de manifiesto la lentitud con la que el Concello manejó un procedimiento iniciado en mayo de 2002, para averiguar por qué el concesionario del subterráneo no abonaba desde el año 1993 el canon por la explotación de su servicio. Hasta octubre de 2007, esta vez en el mandato del bipartito del PSOE y el BNG, no se le requirió a la empresa ningún pago, en concreto, el de 126.273 euros, que provocó la formulación de alegaciones.
El proceso se prolongó más tiempo, hasta diciembre de 2011, cuando, con el PP con mayoría absoluta en el Gobierno municipal, el Ayuntamiento aprobó una liquidación de la deuda por importe de 205.546 euros, el resultado de multiplicar el valor del canon por los 19 años transcurridos desde 1993. La empresa alegó y el Ayuntamiento estimó parcialmente su recurso, al entender que la deuda de 1993 a 2002 había prescrito.
La sentencia del juzgado contencioso-administrativo expone que el concesionario realizó a partir de 2006 determinados cálculos de su actividad empresarial y ofreció la oportunidad de realizar compensaciones con el objeto de liquidar su deuda con el Concello por el impago del canon, acciones que suponen, según la ley, la interrupción de los plazos de prescripción.
La empresa sí abonó las cuantías anuales de 2009, 2010 y 2011 (un total de 32.454 euros), pero en el recurso que interpuso este año contra la resolución municipal que estimaba en parte la reclamación del pago del canon pretendía no liquidar las cantidades de 2003 a 2008, los 64.909 euros que la sentencia sí le obliga a pagar por no haber prescrito la deuda.
Concesiones vigiladas
El Gobierno local del PP comenzó a finales de su mandato un proceso de fiscalización de las concesiones municipales y descubrió que en los años 2011 y 2012 había 53 concesionarios que no habían abonado el canon anual. Entre ellos, una docena de aparcamientos no habían asumido este pago y debían al Ayuntamiento más de 800.000 euros.
Los populares reclamaron explicaciones a la oposición por no haber llevado un control de las concesiones municipales, en concreto a la socialista Mar Barcón, que había formado parte de los ejecutivos anteriores al frente de distintas concejalías. La aún edil del PSOE en la Corporación actual respondió entonces que no tenía constancia de ninguna de las irregularidades que denunciaba el Partido Popular.
