En 2004, Vázquez se sirvió de la Ley de Grandes Ciudades para hacer cooficiales en los documentos municipales los topónimos La Coruña y A Coruña, en función de cuál fuese la lengua empleada en cada uno de ellos. Solo un mes después, la Xunta presentó un recurso contra el acuerdo aprobado por el pleno coruñés, lo que inició un proceso judicial en el que todas las resoluciones fueron contrarias al Ayuntamiento, incluso en la última instancia que representa el Tribunal Supremo.

Pero los socialistas coruñeses no dieron su brazo a torcer hasta que en las municipales de 2007 perdieron la mayoría absoluta y se vieron obligados a dar entrada al BNG en el Gobierno local para conservar la Alcaldía. Los nacionalistas plantearon la renuncia al topónimo en castellano como una cuestión irrenunciable para pactar con el PSOE, cuyos concejales tuvieron que tragarse este sapo para preservar el poder, lo que enterró la polémica, que años más tarde habría de reavivar el PP con fines electorales.