La Consellería de Política Social acusa al Concello de no proporcionar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a casi 300 personas que podrían recibirla, ya que este departamento incrementó el pasado junio en 582.000 euros la cantidad asignada para esta actividad, que hasta entonces alcanzaba los 2,5 millones. Esos fondos permitirían ofertar 60.000 horas más al año en ayuda a domicilio, que ahora reciben 1.200 personas en sus modalidades básica y de dependencia, con la finalidad de que no hubiese lista de espera en A Coruña, aunque la Consellería afirma que el Ayuntamiento "tiene sin utilizar 60.240 horas".

La Consellería envió el pasado día 11 un escrito en el que exigía al Gobierno local que justificase por qué no aplicó en el año 2015 los criterios establecidos por la legislación para prestar el Servizo de Axuda no Fogar y le advertía que si no lo hacía de forma adecuada y no adaptaba la ordenanza municipal que regula el SAF, le exigiría la devolución de los 2,5 millones que le entregó para esta actividad en ese ejercicio.

La respuesta del Concello llegó el jueves, día en el que envió un escrito a Política Social en el que le comunicaba que su requerimiento sobre la normativa del servicio sería "tenido en cuenta" al elaborar el plan municipal en el que se contienen este tipo de reglas. Al día siguiente la concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, compareció ante los medios de comunicación para anunciar que el Gobierno local no aplicaría los criterios aprobados por la Xunta y el Gobierno central para proporcionar los servicios sociales, ya que considera que supondrían un incremento importante del copago que ya efectúan una buena parte de los usuarios coruñeses.

Entre los criterios para calcular el copago figuran el patrimonio del que disponen los solicitantes y los ingresos de su familia, pero el Concello coruñés se niega a tenerlos en cuenta al considerar que no reflejan directamente la situación económica del usuario. La edil aseguró que de utilizarse los criterios autonómicos y estatales, algunos beneficiarios de las ayudas verían incrementado su copago en un 60% y que algunas personas que cobran pensiones de 400 euros se verían obligadas a pagar parte del servicio de ayuda a domicilio, cuando ahora no tienen que hacerlo.

El titular de Política Social en funciones, José Manuel Rey Varela, desmintió ayer a Cameán al negar que el Concello no aplique todo el copago que fija la legislación y que incluso hay usuarios del SAF en A Coruña que lo abonan y que "según los intervalos establecidos en los decretos estatales y autonómicos no tendrían que pagar".

Rey Varela manifestó que del hecho de que el Concello tenga, según sus datos, 60.240 horas de ayuda a domicilio sin prestar, "no tiene la culpa el copago", sino un "déficit de gestión en extender el servicio a una gente que lo necesita y que tiene derecho por ley". El conselleiro destacó que la misma legislación sobre dependencia que establece el copago, al que se opone de forma frontal el Gobierno local coruñés, también es la que reconoce el derecho a recibir las prestaciones, en referencia a que el Concello no ofrezca todas las horas de asistencia que podría de acuerdo con los fondos recibidos de la Xunta.

Sobre la negativa del Gobierno local a aplicar el copago para prestar los servicios sociales de ayuda a domicilio, Rey Varela aseguró que lo que el Concello notificó a su departamento "es que tomaba nota de las deficiencias que tenía para adaptarse". Para el conselleiro, lo manifestado por la concejal de Xustiza Social en la rueda de prensa posterior al envío del escrito son "comentarios" que no piensa tener en cuenta, ya que considera que la única comunicación oficial del Concello es la remitida el día 20, en la que expone que "tendrá en cuenta" sus indicaciones a la hora de elaborar el plan normativo anual.

Cameán calificó de "amenaza" la advertencia efectuada por Política Social sobre la adaptación de la normativa municipal, ya que en el documento se señala que si no se justifica el incumplimiento de la recaudación del copago, el Concello "deberá hacer constar como remanente a incorporar al ejercicio 2016, imputable a la Comunidad Autónoma" los 2,5 millones entregados el año anterior para subvencionar el servicio de ayuda a domicilio.

La edil de Xustiza Social aseguró que esto significa que el Concello se verá obligado a devolver esa cantidad si no cumple los criterios sobre servicios sociales, aunque Política Social replicó ayer que con este documento "no se está reclamando ninguna cantidad, sino simplemente que proporcione un informe justificativo de la situación". Según la consellería, el escrito es uno de los requerimientos a los ayuntamientos para que justifiquen las ayudas concedidas.