Un nuevo viejo gobierno en Madrid ante el que renovar peticiones para la ciudad. Algunas abiertas recientemente, como la negociación por los muelles interiores; otras decanas como O Burgo y Alfonso Molina. Los presupuestos de 2017, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que presentar en los próximos meses, definirán el compromiso con parte de ellas. Un Ejecutivo además, en minoría, por lo que las demandas y la fuerza de los diputados coruñeses tendrán especial relevancia en su consecución. Otro grupo de reclamaciones dependerán del buen entendimiento entre la Administración central y local.

Ría do Burgo. El dictamen de Impacto Ambiental está pendiente de publicar desde junio. Los alegantes aún no conocen las respuesta a sus consideraciones. El Concello presentó un grupo de alegaciones a título municipal y otro grupo conjuntamente con la Mesa de la Ría do Burgo, de la que forman parte los otros tres concellos, la Universidade, la Plataforma pola Ría y la Cofradía. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 reservaba para la regeneración de la ría de O Burgo un millón de euros. Era la primera vez en cinco años que aparecía una partida. En la proyección plurianual de inversión para 2017, 2018 y 2019 se consignaban dos millones de euros. En total, siete millones en cuatro años. El compromiso del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se demostrará, por un lado, dotando la actuación en los presupuestos que tiene que presentar en los próximos meses y, por otro, resolviendo el trámite de información ambiental, definiendo el proyecto definitivo y licitándolo.

Alfonso Molina. El Ministerio de Fomento acaba de encargar a una sociedad dependiente (Ineco) la actualización del proyecto de ampliación de Alfonso Molina, que incluirá las aportaciones municipales y propias en cuanto a la integración ambiental de los márgenes, lo adecuará a la nueva ley y renovará sus partes "desfasadas". El plazo para realizarlo es de un año. El Concello prepara su propuesta. Prevé tenerla a mediados del mes entrante y, una vez finalizada, se citará con el departamento central para cerrar el diseño. Como el proyecto se ha reiniciado, tendrá que volver a exposición pública, atender a las alegaciones pertinentes y configurar un documento definitivo. Será el momento de expropiar y sacar a concurso la obra. Estiman que los trabajos podrían durar dos años El presupuesto, con el aumento para humanizar el vial, será de 14 millones.

La antigua prisión provincial. El conflicto por el pago para que la prisión de la Torre sea municipal sigue judicializado. Los últimos dictámenes le han dado la razón a Interior, por lo que el Concello tendría que abonar 1,2 millones para ser titular del penal, tal y como acordó Francisco Vázquez con el Gobierno central en un convenio en 2005, que el Ejecutivo municipal del PP cuestionó y llevó a los tribunales. Al margen del proceso y fruto de las negociaciones para acelerar la resurrección del edificio histórico, la Sociedad de Instituciones e Infraestructuras Penitenciarias (SIEP) envió el pasado marzo al Concello una propuesta de convenio para ceder la prisión durante dos años y repartir los gastos de conservación del inmueble del paseo marítimo. Aún no ha fraguado en un pacto definitivo.

Los muelles. La Autoridad Portuaria preveía hacer caja con los muelles interiores una vez liberados para hacer frente a parte de los costes y sobrecostes de punta Langosteira. Así está pactado en un convenio que firmó Francisco Vázquez con la exministra Magdalena Álvarez. El actual Gobierno municipal se opone a que esos terrenos sean objeto de especulación urbanística y aumenten el parque inmobiliario al borde del mar. Tras cruces de declaraciones entre los responsables portuarios y municipales coruñeses, se sentaron en una mesa a tres con Puertos del Estado. Se estableció así un punto de partida para negociar la adquisición o cesión por parte del Concello de los muelles [total o parcialmente] que queden sin actividad por la puesta en funcionamiento de la dársena exterior. Dicho acuerdo está sin cerrar. Otros terrenos que el Concello quiere recuperar para los ciudadanos son los de A Maestranza, que Defensa sacó a subasta, una puja que quedó desierta. Unas catas posteriores han descubierto la presencia de murallas bajo esos terrenos y la inmobiliaria del ministerio (Invied) ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales (los terrenos formaban parte de un pacto de los ochenta con el Ayuntamiento en el que se le otorgaba a Defensa edificabilidad en la zona).

La intermodal. Depende de un acuerdo a tres bandas: Concello, Xunta y Adif. El Gobierno gallego es el responsable del traslado de la estación de buses; y el Concello, de los terrenos, los accesos y el parking. Adif remodelaría la estación ferroviaria. Esto se sostiene en una rúbrica de 2009, que repartía una inversión basada en la venta de suelo para construcción de pisos y tiendas en San Cristóbal y la zona de la estación de buses, de dudoso futuro hoy en día con la ausencia de nuevas promociones inmobiliarias en la ciudad. El Ayuntamiento considera que la financiación que le toca es proporcionalmente excesiva y busca que Adif se encargue de la construcción y gestión del aparcamiento.

Comandancia de Obras. El Gobierno anterior pretendía instalar el Cidea (una factoría de creadores) en estos inmuebles. El Gobierno central sacó a concurso la reforma de parte de ellas. Lo anuló en abril con la promesa de retomarlo en breve pero no lo volvió a licitar.