Tras casi un año de Gobierno central en funciones, el Estado al fin cuenta con nuevo Ejecutivo. Buena parte de los Ministerios con los que el Concello mantenía frentes abiertos han cambiado de responsable. Entre ellos destaca el caso de Fomento, que pasa de las manos de la gallega Ana Pastor al exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna. También sufren lavado de cara otras áreas delicadas para la ciudad como Defensa o Interior. Los próximos meses revelarán si, más allá del cambio de nombres, también habrá cambio de políticas y de formas desde los despachos de Madrid.

EÍñigo de la Serna (Fomento), al mando de las grandes infraestructuras. La cartera del nuevo ministro de Fomento es en la que la agenda coruñesa más abulta. Sobre él descansan las grandes infraestructuras de comunicación de la ciudad, como la elaboración del proyecto de ejecución de la reforma de Alfonso Molina o la adjudicación de la redacción del proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe, que quedó en el dique seco desde que el Gobierno comenzó a operar en funciones. También dependerá de esta cartera el futuro de los muelles del puerto interior. La Autoridad Portuaria quiere venderlos para la creación de bloques de vivienda y zonas comerciales y, con el dinero de la venta, sanear parcialmente la situación económica que atraviesa. El Concello, rechaza esta vía y negocia con Fomento una cesión o traspaso, aún sin pormenorizar, con el objetivo de reservarlo como espacio ciudadano.

El otro punto caliente es Alvedro. El aeropuerto carece en la cabecera sur de su pista de un sistema instrumental de ayudas ILS, lo que provoca el desvío de numerosos aviones cuando las condiciones climatológicas obligan a tomar tierra por este extremo. Fomento inició los trámites para suplir esta carencia pero la terminal todavía está pendiente de que el gestor Enaire, que se encarga de la navegación aérea en España, realice un vuelo de prueba y un estudio de seguridad antes de implantar el sistema. Del nuevo ministro también dependerá que en los próximos años haya noticias de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de Langosteira. Por el momento se desconoce la fecha de ejecución del trazado de esta línea, con una inversión estimada de 132 euros.

De la Serna también tendrá sobre la mesa el proyecto de la estación intermodal de San Cristóbal. De acuerdo con un convenio firmado en 2009, el Gobierno gallego es el responsable del traslado de la estación de buses; y el Concello, de los terrenos, los accesos y el parking. Adif -dependiente de Fomento- asumirá las obras de la estación ferroviaria. La financiación del proyecto preveía asumirse parcialmente con la venta de suelo para la construcción de pisos y tiendas en San Cristóbal y en la zona de la estación de buses, un plan venido a menos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Concello considera que la financiación que le toca es excesiva en comparación con lo que aportan el resto de administraciones y busca que Adif se encargue de la construcción y gestión del aparcamiento.

EMaría Dolores de Cospedal (Defensa) tendrá dos frentes: una fábrica y unos solares. La secretaria general del PP asume la cartera de Pedro Morenés con dos temas candentes en A Coruña. El primero, el futuro de la fábrica de armas de Pedralonga. La concesionaria, Hércules de Armamento, no paga desde hace meses a buena parte de sus trabajadores, se ha retrasado por segundo año consecutivo en el pago del canon anual al Ministerio y registró en 2015 una facturación de 28.000 euros, muy por debajo de los millones de euros con los que preveía hacer caja cuando ganó el concurso. La nueva ministra tendrá que decidir si mantiene en vigor el contrato, si lo anula y convoca un nuevo concurso público -como pide UGT- o si da por perdida la viabilidad de las instalaciones.

También se encontrará en los cajones del Ministerio la venta de los solares que Defensa posee en A Maestranza y que su predecesor pretendía vender para la construcción de inmuebles. El Gobierno local advirtió de que no permitiría levantar viviendas si las catas arqueológicas revelaban la presencia de restos del antiguo sistema defensivo de la ciudad. Sabiéndose esto, el Ministerio sacó a subasta las parcelas, pero no encontró comprador. Morenés había advertido de que reclamaría una indemnización al Concello si perdía edificabilidad en la zona, petición que el Gobierno local no tiene previsto satisfacer.

EJuan Ignacio Zoido (Interior), un problema carcelario y los recursos policiales. El exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, toma posesión del área de Interior, del que depende el desbloqueo del antiguo penal provincial de la Torre. La prisión es propiedad la Sociedad de Instituciones e Infraestructuras Penitenciarias (SIEP), un ente participado por Interior y por el Ministerio de Hacienda, que seguirá en manos de Cristóbal Montoro. La Audiencia Nacional dictaminó en marzo que el Concello debe pagar al Ministerio 1,2 millones de euros para recuperar la cárcel, pero el Gobierno local trata de negociar un convenio que permita un derecho de uso de la instalación, al menos parcial, para habilitar espacios culturales y orientados a la creación de un albergue juvenil. El SIEP envió el pasado marzo al Concello una propuesta de convenio para ceder la prisión durante dos años y repartir los gastos de conservación de la cárcel pero no aún no se ha materializado en un acuerdo definitivo.

También tendrá que gestionar la reclamación de más medios para la Policía Nacional. Los sindicatos denuncian la falta de dotación material y personal. El pleno municipal, con el apoyo de todos los partidos, también se manifestó en contra del cierre nocturno y en fines de semana de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de los jardines de Méndez Núñez.

ERafael Catalá (Justicia), continuismo para gestionar la reclamación judicial. El ministro de Justicia deberá lidiar en la ciudad con las necesidades judiciales que desde el ámbito sindical o de la abogacía han venido reclamando en los últimos años. Centrales como CCOO denunciaron en reiteradas ocasiones el "colapso" de los dos Juzgados de lo Mercantil de A Coruña, reclamando la creación de uno nuevo. A finales de 2015, el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña reclamó también la creación de ocho juzgados en la ciudad para paliar la "sobrecarga" de los ya existentes: cinco organismos de Primera Instancia, dos de lo Social y uno de lo Mercantil. La creación de nuevos juzgados y salas es una competencia del Ministerio de Justicia, que decide habitualmente a raíz de la petición, y posterior negociación, del gobierno autonómico.

EIsabel García Tejerina (Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), la responsable del eterno problema de la ría. La ría de O Burgo está pendiente desde el pasado 21 de junio de la publicación del proyecto definitivo de regeneración. Los alegantes aún no conocen las respuesta a sus consideraciones. El Concello presentó un grupo de alegaciones a título municipal y otro grupo conjuntamente con la Mesa de la Ría do Burgo, de la que forman parte los otros tres concellos, la Universidade, la Plataforma pola Ría y la Cofradía. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 reservaba para la regeneración de la ría de O Burgo un millón de euros. Era la primera vez en cinco años que aparecía una partida. En la proyección plurianual de inversión para 2017, 2018 y 2019 se consignaban dos millones de euros. En total, siete millones en cuatro años. El compromiso del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se demostrará, por un lado, dotando la actuación en los presupuestos que tiene que presentar en los próximos meses y, por otro, resolviendo el trámite de información ambiental, definiendo el proyecto definitivo y licitándolo.