"El furtivismo, aquí, nunca descansa". La frase es de Manuel Baldomir, portavoz de la Agrupación de Mariscadores de a Pie de la ría de O Burgo. La recogía LA OPINIÓN en abril de 2015. Hoy, sus compañeros repiten el entrecomillado o escogen otras palabras para expresar lo mismo que hace diez años, todavía con más enfado e indignación, sentían los profesionales que faenaban en las orillas del estuario coruñés. Los mariscadores de la ría habían exteriorizado entonces su malestar por la falta de soluciones institucionales al notable aumento de prácticas furtivas con marchas sobre el asfalto y cortes de tráfico. El más relevante para la circulación fue el del 2 de noviembre de 2006, cuando el sector provocó retenciones de más de dos horas en el puente de A Pasaxe.

De un lado, los mariscadores en regla exigían respuestas a la Xunta que no acertaba a encontrar: vigilancia extrema a los furtivos, sanciones, compensaciones por el marisco que dejaban de recoger y los ingresos que no percibían... lo que fuera. Unas semanas antes se habían movilizado también en A Pasaxe, donde su protesta alteró la circulación unos 45 minutos. Siete días después la marcha cortó el tráfico en la avenida del Ejército más de una hora. A comienzos de noviembre, más de dos en A Pasaxe, justo cuando se habían cumplido los quince días que les había pedido el director xeral de Recursos Mariños, Francisco Nicolás Fernández, para dar con una solución que no encontró.

Del otro lado, las víctimas de las protestas: los conductores que con los cortes de tráfico llegaban tarde a sus trabajos o a compromisos importantes y que, al lado de los manifestantes en la calzada, recriminaban sus medidas extremas. "Que vayan a la Xunta o al Concello, que no nos fastidien a nosotros que no tenemos nada que ver", protestaban los afectados al volante.

Los mariscadores ilegales campaban hace una década a sus anchas en la ría de O Burgo y los profesionales denunciaban su intrusismo. La conselleira de Pesca, Carmen Gallego, advertía que el problema no tenía fácil solución porque atribuía la actividad irregular a colectivos marginales. La Cofradía de A Coruña se apoyaba en datos hasta octubre de aquel 2006 para reflejar que las capturas de berberecho habían bajado en un año de 23.000 a 15.000 kilos y que en el mismo periodo el mariscador había visto reducidos sus ingresos medios de 6.700 a 3.035 euros.

Tras las movilizaciones, hubo que esperar a comienzos del año siguiente para que la Xunta y los extractores firmaran un convenio por el que cada mariscador cobraría 820 euros al mes por labores de vigilancia y limpieza y por asistir a cursos para su profesionalización. En julio de 2007 exigían que esa especie de control policial fuera más efectivo porque era frecuente ver a los furtivos que esquilmaban el marisco que habían sembrado. El furtivismo, aunque combatido a distancia y sin fuerza, sigue sin erradicarse en la ría coruñesa.