La cesión de la antigua cárcel provincial por la que pelea el Gobierno de Marea para darle uso temporal pasa en estos momentos por la fase de evaluación de las deficiencias del inmueble. Se encarga de ello una empresa de ingeniería que elaborará un informe técnico sobre las condiciones estructurales del edificio. El documento será determinante en la relación que mantengan en los dos próximos meses el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior, ya que las dos administraciones moldean desde marzo pasado el convenio por el cual parte de la vieja prisión vuelva a ser utilizada temporalmente.

El calendario al que se quiere ceñir el Concello, según fuentes conocedoras de los planes municipales, pasa por que en enero de 2017 esté ya definido el convenio con Interior y a partir del inicio de la primavera, con una climatología favorable, comiencen los trabajos para acondicionar las áreas mejor conservadas de la cárcel. Su finalización es más difícil de prever.

Aunque el convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) está muy avanzado, según admitía en una entrevista a este periódico en septiembre el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, quedan flecos por atar definitivamente porque el asunto está siendo tratado con mucha discreción. La duración de la cesión, por ejemplo, que en principio podría ser de dos años. O el nuevo uso que se le daría al inmueble, previsiblemente cultural, aunque el Concello no ha concretado para qué clase de actos o actividades.

En el tiempo que dure esa cesión la cárcel seguiría siendo propiedad del Estado y el Gobierno local se encargaría de su uso y gestión, según trataban las partes a comienzos de año. Varela afirmaba hace dos meses a este diario que la vieja prisión iba a ser municipal "sí o sí", aunque el Concello, añadía, no estaba dispuesto a pagar 1,2 millones de euros para recuperarla.

El concejal se refería a la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo que negaba al Concello la vía que abrió el anterior Ejecutivo local, del PP, de declarar nulo el convenio que había firmado en 2005 el exalcalde Francisco Vázquez con el Ministerio del Interior y SIEP, por el que la Administración local debía abonar esos 1,2 millones si quería volver a disponer del inmueble. El Ejecutivo de Marea recurrió el fallo de la Audiencia al Tribunal Supremo pocos días después de conocer la resolución, al tiempo que abría la vía de la negociación para obtener la cesión de uso. Interior le enviaba poco después una propuesta de convenio, la que todavía no se ha firmado.