La entrada de la Audiencia Provincial coruñesa fue el escenario ayer de la concentración convocada por Stop Desahucios para protestar por el auto del Juzgado de Primera Instancia número 11 que autoriza el desahucio de Sandra, una vecina de Cambre, a quien el Banco Santander reclama que abandone su vivienda por el impago de la hipoteca. La resolución judicial declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado del contrato por considerarla "abusiva", pero rechaza el archivo del desahucio al considerar que es "más beneficioso" para la afectada, que recurrió ayer esta decisión ante la Audiencia.

El auto explica que mediante el desahucio la propietaria puede subastar su vivienda y cancelar así la deuda contraída con el banco, y destaca además que tras producirse el impago de la hipoteca no intentó rehabilitar el contrato, fórmula que restablece la relación con la entidad financiera tras abonar las cuotas adeudadas y los intereses.

Frente a los argumentos del juez, Sandra, que vive con su hija y prefiere no dar su apellido, replicó ayer que la subasta del piso sería solo por el 60% de su valor y que tendría que abonar el resto de la hipoteca, así como que dejó de pagar al quedarse sin prestación de desempleo. "Solicité en dos ocasiones la dación en pago pero el banco no me contestó", manifestó Sandra.

"Lo mejor para mí es que se archive el procedimiento, no quiero que nadie decida por mí", añadió, al tiempo que acusó a los jueces que dictan estas resoluciones de desconocer la situación personal de quienes se enfrentan a un desahucio. También recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó de ilegal el procedimiento español de desahucio y reprochó al titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 que no impida estas actuaciones al estimar que eso "sería malo para el sistema bancario".

El juez advierte de que las "interpretaciones maximalistas" de la sentencia europea pueden "acabar perjudicando al consumidor provocando la restricción del crédito hipotecario", y afirma que el desahucio tiene "ventajas nada desdeñables" para quien no puede seguir pagando el préstamo. "Es mejor que nos echen a nosotros a la calle que hacer quebrar el sistema bancario", declaró ayer Sandra, quien añadió que lo que no pueden hacer los jueces "es interpretar cómo tiene que ser el acceso a la vivienda".

El alcalde, en la protesta

La concentración de apoyo a esta mujer contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; los diputados de En Marea Antón Sánchez y Antón Gómez Reino; los portavoces municipales de BNG y PSOE, Avia Veira y José Manuel Dapena; además de la concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, y el alcalde, Xulio Ferreiro. Este último recordó que los argumentos empleados por los juzgados coruñeses para dar vía libre a los desahucios no son seguidos en otros lugares de Galicia, "lo que está motivando que se siga adelante con la ejecución a pesar de declararse nulas las cláusulas del contrato hipotecario".

Ferreiro informó que en la ciudad no ha habido desahucios forzosos de primeras viviendas durante el último año porque se han conseguido soluciones pactadas o los afectados deciden abandonar su casa y buscar otra solución. El regidor avanzó que solicitó una entrevista con el juez decano para ver si los juzgados de A Coruña "pueden efectuar una reflexión y llegar a un criterio común" sobre los desahucios, aunque advirtió que no pretende inmiscuirse en la independencia judicial. El alcalde recordó que al inicio de su mandato se reunió con entidades financieras y el anterior juez decano para buscar una intermediación y que esta misma semana hubo un caso en el que el Concello intermedió y "se está llegando a una solución consensuada".

Pero también alertó de que el protocolo firmado entre los ayuntamientos gallegos, la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial "sigue sin funcionar" y que además los juzgados de A Coruña no informan al Concello de "los casos más vulnerables". Ferreiro añadió que el Concello busca viviendas para las personas amenazadas por desahucios y que desde este año trata de aumentar el parque municipal para "dar una solución concreta" a los afectados, para lo que prevé adquirir solares para construir o viviendas ya construidas.