Los 19 años de vigor que tiene la ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales y las políticas animalistas que ha defendido el Gobierno local desde el comienzo de su mandato han llevado al Ejecutivo de Marea a revisar la normativa del Ayuntamiento sobre la regulación de la interrelación entre los ciudadanos y las mascotas domésticas y a velar por la seguridad y protección de ambos. Para ello, el Gobierno municipal ha sacado a licitación un contrato menor para la realización de estudios jurídicos y propuestas de desarrollo previas que permitan revisar esa normativa específica.

El servicio ha sido licitado por un importe de 15.730 euros y la empresa adjudicataria, que deberá contar con experiencia en asistencias técnicas para la elaboración de normas administrativas en las administraciones local, autonómica o estatal, tendrá un plazo de cuatro meses para cumplir el contrato.

Los estudios licitados deberán analizar la norma municipal en vigor desde junio de 1997 para comprobar si sus disposiciones dan cabida a los documentos de trabajo que actualmente tiene en proceso de elaboración el Servicio de Medio Ambiente. La propuesta de una futura ordenanza deberá contener previsiones relacionadas con el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas, las colonias felinas, las zonas de esparcimiento de perros, la regulación de las corridas de toros y espectáculos públicos, las relaciones entre los vecinos y los ruidos provocados por los animales y la colaboración de entidades sin ánimo de lucro en la gestión de animales abandonados.

Este mismo mes el Gobierno local puso en marcha una campaña de adopción responsable de perros y gatos que se encuentran en el centro municipal de acogida animal. Esta y otras medidas han recibido la aprobación de los principales colectivos animalistas de la ciudad y los vecinos, a través de la plataforma que permitió participar en la elaboración del presupuesto del año próximo, han propuesto medidas como la creación de áreas caninas en parques y jardines.

Los aspirantes al contrato tendrán que seleccionar un mínimo de cinco ordenanzas aprobadas en ayuntamientos de España adaptadas a la regulación más reciente en la materia para encajar las iniciativas del Concello sobre animales en los rigores técnicos de la norma.