La renta social municipal ya tiene su primer beneficiario, una mujer desempleada de más de 50 años sin ingresos ni derecho a otro tipo de prestación económica, según informó ayer la concejal del Gobierno local Silvia Cameán a los demás grupos de la Corporación en la Comisión de Xustiza Social. La beneficiaria percibirá la ayuda en un plazo de 15 días.

El Concello, según explica en una nota, otorga esta prestación "dentro del periodo que marca la ordenanza que regula la ayuda municipal", los dos meses transcurridos desde el 30 de septiembre para que se tramiten los expedientes. A fecha de hoy el Servicio Municipal de Atención Inmediata ha recibido a 237 personas y mantiene abiertos 135 informes que responden al perfil mayoritario de unidades familiares unipersonales.

De estos 135 expedientes, 124 tienen valoración inicial positiva del servicio municipal; 92 están en su fase inicial de revisión y solicitud de información y 43 en la de instrucción, de los que 33 están pendientes de entrevista.

Estos datos son ahora del conocimiento de la oposición, que en las últimas semanas había solicitado información al Gobierno de Marea sobre la concesión de estas ayudas municipales. La concejal socialista Silvia Longueira, que preside la Comisión de Xustiza Social, evitó criticar el otorgamiento de una sola renta social a estas alturas del año y admitió que "queda mucho camino por andar" para que funcione un "programa novedoso" como este, aunque acusó al Gobierno local de no tener en cuenta al movimiento social ni de "trabajar en red" respecto a la renta social municipal.

Longueira añadió que "las asociaciones se sienten ignoradas y excluidas", con "malestar" por no ser partícipes del proceso, por lo que demandó la puesta en marcha del Consejo Social. "No llega con reuniones esporádicas y con contactos, hay que trabajar en red y contar con las entidades para que intervengan directamente", dijo.

El Gobierno local preveía a finales de septiembre que los 2,1 millones de euros presupuestados este año para la renta sirvieran para aliviar la difícil situación económica de las personas con escasez de recursos y en situación o riesgo de exclusión social. Esta partida quedó reducida este mes, tras un pleno, a 861.000 euros para este año a raíz de la aprobación de una modificación de las cuentas promovida por el Ejecutivo para cubrir las deudas de Emvsa. El proyecto de presupuesto de 2017 reserva 2 millones.