La Junta de Gobierno Local paralizará hoy el procedimiento administrativo iniciado a petición de Albada, la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, para revisar el precio que le abonó el Concello por el tratamiento de los residuos en 2014. La compañía solicita el pago de 200,72 euros por tonelada tratada en ese ejercicio, pero el Ejecutivo municipal rechaza abordar esa reclamación hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 se pronuncie sobre la exigencia de Albada de 14,7 millones de euros más por la basura, demanda que interpuso en 2013.
Para justificar este aplazamiento de la tramitación, el Gobierno local se apoya en un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el que se detalla que el plazo para resolver una actuación de este tipo podrá suspenderse cuando sea necesario que antes se pronuncie un órgano jurisdiccional, como sucede en este caso con el juzgado coruñés ante el que Albada presentó el recurso.
La petición para que se revisase el precio por tonelada de basura tratada en 2014 fue presentada por la empresa el pasado 20 de octubre y para ello utilizó la forma polinómica que considera necesario emplear para calcular esa cifra. En el documento que el Servicio de Medio Ambiente enviará hoy a la Junta de Gobierno Local se explica que desde el comienzo de la concesión la revisión del precio se efectúa de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo y que así figura en los documentos tanto de la empresa como del Concello sobre este proceso referidos al periodo que va de 2003 a 2012.
Revés judicial
La decisión del Gobierno local se produce tan solo unos días después de que Albada sufriese un revés judicial, ya que el pasado mes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó concederle una prórroga para que realice el sellado de los dos vasos repletos de residuos existentes en el vertedero de Nostián. La sentencia argumentó que se trata de una actuación de "interés público" porque afecta a la "protección de la salud".
La concesionaria había recurrido previamente en los tribunales la resolución del Gobierno autonómico para que cerrase esa parte del vertedero antes del pasado mes de julio y para ello señaló que el coste de esos trabajos debe ser asumido por el Concello, por lo que había solicitado que mientras no se produzca un fallo judicial se le eximiera de cumplir esa obligación.
Pero el Tribunal Superior se opuso a ese aplazamiento, de forma que Albada tendrá que ejecutar las obras y esperar después a que la Justicia se pronuncie sobre quién será el encargado de costearlas.
El Concello mantiene otros dos frentes judiciales con Albada, ya que rechazó su reclamación de 36 millones de euros por los supuestos defectos estructurales de la planta de basuras que le habrían causado importantes problemas económicos. Otro conflicto fue suscitado por la decisión del Gobierno local del Partido Popular de denunciar en los juzgados la "lesividad" de los 3,37 millones de euros anuales de sobrecoste que aprobó pagar a la empresa el Ejecutivo municipal de PSOE y BNG por el transporte y tratamiento del 55% de los rechazos, caso que aún está pendiente de resolución.
