El acuerdo al que han llegado el Concello y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) para dar vida a la antigua prisión provincial reúne apoyos de colectivos como Proxecto Cárcere, que durante años ha reivindicado que se actúe en el edificio para evitar su deterioro, así como de entidades como la asociación de vecinos de Monte Alto que, si bien siempre se ha posicionado a favor de la recuperación del inmueble, critica las "cláusulas abusivas" que contiene el convenio que ambas partes firmarán "en breve". En la misma línea se posiciona el BNG, que entiende como "positiva" la apertura de la cárcel a usos sociales y culturales, aunque cree que tendría que ser el Estado, el titular del edificio, quien asumiese "en exclusiva" las obras precisas para poder abrir el inmueble.

Y es que, en ese acuerdo, figura que el SIEP invertirá un máximo de 150.000 euros en la reforma de las instalaciones -descuenta una parte de este presupuesto para el pago del IBI-, la misma cantidad que el Concello, que podrá usar el edificio durante dos años, aunque ese acuerdo se podrá renovar anualmente.

El portavoz de la plataforma Proxecto Cárcere, Xosé Lado, explica que la entidad está dispuesta a trabajar "desde hoy" para poner en marcha proyectos en las instalaciones, aunque asegura que no se quiere arrogar la gestión de las actividades. "Es un primer paso y, lo peor de todo sería que el edificio se mantuviese así, deteriorándose en pleno paseo marítimo, gastándose todos los años el SIEP casi 100.000 euros en seguridad durante 24 horas para nada...", explica Lado, que mantiene sobre la mesa proyectos que surgieron durante estos seis años de estudio y de trabajo en la prisión, como la puesta en marcha de un albergue juvenil o un centro de creación artística con residencia o un espacio para la memoria.

"Nosotros somos un agente más y el Concello, si quiere, nos puede escuchar y esperemos que, entre todos, pongamos eso a andar", comenta Lado, que aboga por revisar el plan de viabilidad realizado hace dos años en el que se exploraban diferentes posibilidades para la puesta en marcha del proyecto.

La entidad vecinal advierte al Gobierno local de que el Estado "se aprovecha" de la situación de deterioro del inmueble y de la urgencia por salvarlo para "evitar que caiga". "Es el negocio perfecto para ellos, involucran al Concello para pagar la reforma con dinero de todos y, después, pueden decir que se lo quedan, que necesitan el edificio para otra cosa", comenta el presidente de la asociación vecinal, Alberte Fernández. "Que se recupere la cárcel es una buena noticia, pero pensamos que las condiciones del convenio son mejorables", dice.

El alcalde, Xulio Ferreiro, defiende que la cárcel acabará siendo de titularidad municipal, aunque la Justicia tendrá que decidir si puede serla a coste cero o si tiene que pagar al Estado la compensación de 1,2 millones de euros que recoge el convenio firmado en 2005, con Francisco Vázquez en la Alcaldía.