Detrás de las cifras de matriculación universitaria se esconde una realidad que para muchos pasa desapercibida en el día a día. Decenas de estudiantes de las facultades coruñesas tienen que hacer frente, además de a los temarios de sus titulaciones, a una barrera añadida: la de las discapacidades que los acompañan.

En la Universidad coruñesa un total de 137 estudiantes no pagan tasas académicas por tener una discapacidad superior al 33%. La mayoría pueden hacer vida con normalidad, sin requerir apoyo complementario, pero algunos, concretamente 26, sí necesitan la ayuda de la Unidad de Atención a la Diversidad (ADI). A este servicio recurren jóvenes con discapacidades de todo tipo: sordos, ciegos, personas con problemas de movilidad o enfermos mentales que, gracias a su medicación, logran en muchos casos hacer pasar sus enfermedades inadvertidas.

Al frente de este departamento se encuentra Sonia Seijas, quien en los últimos años, a consecuencia de las limitaciones presupuestarias, ha tenido que apropiarse del lema "hacer más con menos". "Hacemos un esfuerzo muy grande y la implicación personal que tenemos con los estudiantes también es muy importante", asegura.

Los servicios que ofrecen son muy variados. "Cada persona es un caso", matiza. A los estudiantes con discapacidad auditiva, por ejemplo, se les ofrece un intérprete de lengua de signos que le acompaña durante las clases. A los ciegos, se les facilitan máquinas y programas informáticos que convierten los textos escritos en audios. Para todos aquellos con problemas severos de movilidad, también se habilita un servicio de transporte adaptado. "El transporte público que lleva a la Universidad es muchas veces impracticable para una persona en silla de ruedas. Sin este servicio, dependerían de un familiar o amigo", lamenta Seijas. También aconsejan a profesores que tienen dudas acerca de cómo proceder en determinadas situaciones.

El principal reto que afronta esta unidad tienen que ver con la inserción laboral. "Muchos de estos estudiantes, por miedo a salir al mercado laboral, reenganchan con otra carrera", comenta. Para salir de este bucle, el ADI facilita, en colaboración con la ONCE, un programa de prácticas con beca en empresas durante tres meses. En fase de gestación también se encuentra una iniciativa que, en colaboración con la Fundación La Caixa, busca convertir a empresarios y profesionales del sector privado en mentores de estudiantes con discapacidad. "Se trata de que les den consejos sobre cómo afrontar una entrevista o qué aspectos deben mejorar porque son demandadas a la hora de lograr un empleo", señala Seijas.

Pero la Universidad no solo cuenta con el ADI para mejorar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. También ha puesto en marcha el programa Espazo Compartido, una iniciativa académica en la que colabora su Consello Social y la asociación Down Coruña, entre otras instituciones, y patrocina Banco Santander. Arrancó en 2013 como programa piloto para formar a personas con discapacidad cognitiva y es el único de estas características que se ha implantado en Galicia.

Un sociólogo, una logopeda, una psicóloga, un educador social y una terapeuta ocupacional enseñan a jóvenes de entre 21 y 34 años con síndrome de Down, trastorno del espectro autista o enfermedades raras a familiarizarse con las nuevas tecnologías, a comunicarse con soltura y seguridad en público o a prepararse para conseguir un empleo. Con el afán de superación y la igualdad de oportunidades sin discriminación como valores.

De lunes a jueves en dos cuatrimestres, tres cursos de 780 horas, con prácticas en la UDC y en empresas al terminar cada uno. Con su asentamiento, Espazo Compartido ha incorporado programas de apoyo a la formación de jóvenes para su inclusión social, como tutorías de empleo, respaldo psicológico o atención a familias, repasa su coordinador, Eloy Calvo.