Gerardo Crespo defendió ayer ante la juez instructora de la operación Zeta, ante la que testificó durante tres horas, que realizó todos los cursos de formación para desempleados y discapacitados para los que recibió subvenciones millonarias entre 2008 y 2012. El investigado por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, que pueden derivar en delitos de prevaricación y corrupción, alegó que la ejecución de los programas destinados a fomentar el empleo fue validada por la Xunta.

En la declaración que prestó ayer ante la titular de Instrucción 6 explicó cómo operaba el entramado empresarial que dirigía, desde que las compañías optaban a las ayudas públicas hasta que organizaban y ejecutaban las acciones formativas y cobraban de las administraciones. El empresario solo accedió a responder a las ochenta preguntas que le formuló su letrado, José Ramón Sierra, a dos que le realizó el fiscal sobre su relación con políticos y a algunas aclaraciones que le solicitó la juez. En los próximos días aseguró que entregará a la magistrada un informe pericial en el que se detalla la contabilidad de sus empresas entre 2008 y 2014. El investigado aseveró que no causó "ningún daño económico" a la administración.

El presunto cabecilla de la supuesta organización dedicada a defraudar subvenciones, en la que hay 55 investigados, entre los que figuran empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PSOE-BNG y del PP, manifestó que las decisiones en sus compañías las tomaba él y achacó al "miedo y a la presión" las declaraciones realizadas por algunas de sus empleadas. Una de ellas testificó ante la juez que elaboraba sobres con dinero a petición del empresario, mientras que la directora comercial de su consultoría, Azetanet, reconoció que el empresario le ordenaba hacer facturas cuyos conceptos no se correspondían con la realidad y que le mandó comprar listados de autónomos. Crespo no arremetió ayer contra ninguno de los otros implicados en la operación Zeta porque insistió en que los cursos se realizaron. "Era todo legal", subrayó, al tiempo que admitió que "todas las subvenciones" pasaban por sus manos. "Yo vi por ahí que se hacían chapuzas con los cursos antes de meterme en el negocio de la formación, pero decidí que los cursos los iba a hacer. La formación se daba", recalcó.

Su versión contradice a las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Policía Judicial tras examinar las conversaciones telefónicas que le intervinieron y el material del que se incautaron durante los registros a las empresas. Los investigadores sostienen en el sumario que Crespo tejió durante años una red formada por empresas y fundaciones destinada a acaparar ayudas públicas e incorporarlas a su patrimonio y al de sus colaboradores. En su afán por cuadrar las contabilidades, fingir gastos y abonar el menor número de impuestos, según consta en un informe policial, constituyó empresas que carecían de empleados y de actividad. Ya nacían con la "única finalidad" de formar parte del "chiringuito para captar subvenciones" que había montado en A Coruña y que trataba de expandir por toda España.

El sospechoso, en una conversación telefónica que mantiene con una de sus empleadas, reconoce: "El Ministerio fiscal sí que me preocupa porque al final son todo sociedades vinculadas por todas partes". Los pinchazos telefónicos revelan cómo en enero de 2012 intentó hacerse con dinero de la Xunta para recolocar a parados del sector textil. "Lo ideal sería que la gente en vez de estar en su casa estuviese en algún lado. Lo real, genial, pero ¿qué podemos hacer irreal? Como nos van a pagar al mes unos mil y pico euros por recolocado, luego no creo que vayan a mirar. Lo que me pide el director es que vista un poco al santo, ¿vale?", dice el presunto líder de la trama en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la Policía Judicial e incorporadas al sumario. Mañana está citado a declarar otro de los presuntos dirigentes de la trama, Eliseo Calviño.