Todos los consejeros del Puerto a excepción del edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, votaron ayer a favor de abrir la subasta que permitirá la privatización de La Solana y el hotel Finisterre. Ante una oferta millonaria de la propia concesionaria de las instalaciones, hecha después de que el Concello propusiese adquirir las instalaciones deportivas para uso ciudadano, la Autoridad Portuaria optó por volver a su plan inicial para deshacerse de las propiedades al mejor postor y pagar parte de la deuda adquirida por el puerto exterior.
En junio, el mismo órgano acordó suspender la tramitación de la subasta que preveía abrir el Puerto y dar un plazo de seis meses al Ayuntamiento para realizar una oferta para la adjudicación directa de la parcela de La Solana. Un informe de la Abogacía del Estado avaló esta opción, entendiendo que el Concello tenía derecho preferente en caso de optar por la adjudicación directa. Doce días después, la actual concesionaria, Inmobiliaria Río Mero, enviaba una oferta al Puerto (sin haberse abierto ninguna subasta): 10 millones por La Solana y el Finisterre o 5,7 si se subastasen solo las instalaciones deportivas.
El 6 de octubre, el presidente del Puerto, Enrique Losada, firmaba un convenio con Inmobiliaria Río Mero cuya existencia no se hizo pública ni se comunicó al Concello hasta esta semana. En él la empresa se comprometía a participar en una subasta con esa cantidad en el caso de celebrarse y Losada se comprometía a que esta opción de la subasta fuese a votación en el Consejo de Administración. Así ocurrió ayer finalmente, con resultado favorable solo con el voto en contra del edil de Rexeneración Urbana.
El 21 de octubre, el Gobierno local acordaba en junta enviar la solicitud expresa de compra, una comunicación que registró el 10 de noviembre. El Puerto no considera esta acción administrativa una oferta formal, al faltar documentación, según las conclusiones de Abogacía del Estado. Sin embargo, Xiao Varela replicó ayer ante los consejeros en un escrito que la solicitud municipal fue "notificada a tiempo" y que, aún así, "si la Autoridad Portuaria hubiese estimado alguna deficiencia o documentación complementaria, el Concello podría subsanarla hasta el 31 de diciembre", fecha límite puesta. Varela añade que el Puerto no les requirió nada "y lo que hizo fue negociar a escondidas con Río Mero, en una actitud impropia de un presidente de un ente público, además de ilícita".
En el escrito considera que, de adoptarse este acuerdo como finalmente ocurrió, este "sería nulo de pleno derecho por, entre otras cuestiones, no respetar la suspensión de seis meses acordada el 30 de junio". Dejó constancia además de "la responsabilidad" que podrían tener los consejeros que votaron a favor, "haciendo constar que el Concello ejercerá las acciones legales oportunas".
Varela manifestó, en una rueda de prensa horas antes de la junta, que para el Gobierno local es "un intento de especular" con una maniobra "sorpresiva, unilateral, desleal y opaca" en, incidió, "una de las bolsas más importantes de suelo en la zona litoral". La privatización, señala, sería "irreversible".
¿Quiénes votaron a favor, además del presidente Portuario? Los tres representantes de la Xunta, entre ellos, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, que tras la propuesta municipal de primavera declaró que la venta al Concello podría ser "un paso positivo" para la ciudad. También el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo (PP), y los tres representantes de la Administración General del Estado (uno el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán). Luis Llamas por la Cámara de Comercio, José Ramón Piñeiro por sindicatos, Severino Ares como representante del sector pesquero y Gustavo Ortega (Capitanía Marítima). Estaba ausente Antonio Fontenla, consejero por la Confederación de Empresarios.
El Puerto justifica que su postura está avalada por informes del Ministerio de Hacienda, Puertos del Estado y Abogacía del Estado que le indicaron que la subasta era "lo más adecuado". Puertos afirma que, dada la diferencia monetaria entre ambas ofertas, no aceptarla "supondría un perjuicio para el interés general portuario" y Hacienda asegura que es lo adecuado "dada la situación de endeudamiento".
La Autoridad Portuaria rechaza que la propuesta que hizo el Concello sea una oferta, aunque la propia nota señala que el plazo aún acaba el 31 de diciembre. Comparan los responsables la oferta municipal para que sea un espacio ciudadano con la de la empresa Inmobiliaria Río Mero, "respaldada con un aval bancario". En la misma nota, la Autoridad Portuaria acusa al Ayuntamiento de "perjudicar" a las empresas con el incremento del tipo impositivo del IBI, por lo que se aprobó una modificación de su presupuesto. Informó de que le debe 4,8 millones por la Marina y O Parrote.
