El Concello mueve ficha para evitar que lo que ven "un mero formalismo" frustre la adquisición municipal de los terrenos de La Solana. Responde así al Puerto, que reinició el jueves la subasta abierta a empresas privadas y desechó por consiguiente la propuesta del Ayuntamiento para comprarlos, tras haber recibido una oferta millonaria de la actual concesionaria, Inmobiliaria Río Mero. La Autoridad Portuaria está convencida de que puede volver a sus planes iniciales, con los que haría caja para saldar parte de su deuda, argumentando que la petición que hizo el Concello en octubre era solo una declaración de intenciones y no una propuesta formal de compra. Aun defendiendo la validez del mismo, el Concello enviará un "modelo de solicitud expresa de adjudicación directa". Lo hará dentro del plazo que le otorgó el Consejo del Puerto en junio y que finaliza el 30 de diciembre. La junta de gobierno facultará también a los abogados del Concello para iniciar las acciones legales que se consideren necesarias en este sentido.
La propuesta que va el lunes a junta de gobierno incluye un informe de la Asesoría Jurídica municipal en la que replica los argumentos de los servicios legales portuarios, competencia que ejerce Abogacía del Estado. Sostienen los letrados del Ayuntamiento que el Consejo del Puerto le dio un plazo de seis meses para formalizar una oferta, plazo que termina el próximo viernes, penúltimo día del año. Por ello, la reanudación de la subasta dentro de ese periodo comporta "un vicio de nulidad radical".
El informe jurídico añade que el propio Consejo del Puerto acordó que, una vez recibida la oferta del Concello, la Autoridad Portuaria debería haber sometido la solicitud municipal a la evaluación del Consejo, cuyos miembros decidirían si procede iniciar el proceso de enajenación directa.
Si el Puerto y Abogacía del Estado indican que la instancia municipal no tenía validez como solicitud formal, los letrados del Concello consideran que "contiene una declaración de voluntad inequívoca sobre la adjudicación directa de la parcela en cuestión". Si quedasen informes pendientes, aseguran, se emitirían una vez incoado el expediente para la venta. Se preguntan desde el Ayuntamiento que, si su petición no estaba completa, por qué la Autoridad Portuaria no le instó a "subsanar o mejorar" la solicitud, algo que consideran "innecesario". Aun así, a efectos de cumplir las exigencias de Abogacía del Estado, propone "ratificar" lo acordado el 21 de octubre por la junta de gobierno y volver a enviarlo al Puerto "a fin de evitar que un mero formalismo pueda llegar a frustrar un negocio jurídico de marcado interés general".
El "esfuerzo" y "los milagros"
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, defendió ayer la decisión de reanudar la subasta. Alegó que no había comunicado al Concello ni al alcalde la oferta de diez millones de Inmobiliaria Río Mero y el convenio que firmó con esta empresa privada porque su obligación era transmitírselo primero a los consejeros.
El máximo responsable del Puerto coruñés razona que han avalado la decisión de reanudar la subasta Puertos del Estado, Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y Abogacía del Estado. Interrogado por la exigencia, que expresó ayer la Plataforma por Defensa do Común en una concentración en la Marina, de la devolución gratuita de los terrenos, Losada respondió: "Los milagros pueden ocurrir". Defendió el "esfuerzo" que ha realizado la Autoridad Portuaria para construir el puerto exterior, y que tiene que atender a los "compromisos" que adquirió para hacerlo.
El alcalde, Xulio Ferreiro, instó por su parte al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "no sea cómplice de esta especulación con un terreno público, como fue ayer la conselleira Beatriz Mato, que votó a favor sin respetar el acuerdo previo". Ferreiro volvió a criticar la actuación del presidente del Puerto. "Lo que recibimos de vuelta es una deslealtad entre administraciones que yo nunca había visto", añadió. "Es una interpretación del interés público y del interés general bastante corto de miras, donde hacen equivaler el interés general al dinero y nosotros creemos que el interés general es muchas más cosas", censuró Xulio, que reprochó que antes de que el Concello presentase su oferta, "ya habían negociado un acuerdo entre el señor Losada y la empresa", una actuación "bastante discutible desde el punto de vista ético y legal".
Uno de los consejeros del puerto es José Ramón Piñeiro, representante sindical. Piñeiro, que votó a favor de retomar la subasta, alegó ayer que él debe representar "el interés de los trabajadores del Puerto" y que, "si el Puerto está lo más saneado posible, sus condiciones serán mejores, al margen de otras cuestiones".
