El plan de reestructuración puesto en marcha el pasado mes de octubre por la Universidad de A Coruña, que establece una reducción del 40% de sus departamentos, se enfrenta a tres recursos judiciales que tramitan los juzgados de lo contencioso-administrativo y que reclaman su anulación al considerar "nulos de pleno derecho" los acuerdos adoptados por el Consello de Goberno por entender que para aplicar esta reforma se utiliza una figura docente sin validez legal y que fue aprobada por un órgano sin competencia para hacerlo. El Rectorado esgrime que su plan está avalado por la aprobación del Consello de Goberno, defiende su legalidad y niega que vaya a suponer despidos en la Universidad.
Las iniciativas judiciales, están suscritas por tres excandidatos a rector -Fermín Navarrina, Luis Castedo y Alejandro Pazos-, así como por otros trece profesores y catedráticos que rechazan la reforma planteada por el rectorado, que pretende dejar en 26 los 43 departamentos existentes hasta ahora. Los recursos reclaman la suspensión cautelar de la reestructuración, ya que según ellos se hará efectiva el próximo mes de febrero, cuando se realicen las elecciones para elegir los miembros de los consejos de los departamentos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 admitió ya a trámite el recurso presentado por siete profesores y además rechazó la pretensión del rectorado de que se suspendiera el plazo de cinco días para la presentación de un recurso de reposición, basada en la incapacidad laboral temporal de la letrada de la Universidad.
En los tres recursos se menciona que el real decreto de 1984 que regula los departamentos universitarios figura que para determinar el número de profesores necesarios para su creación "habrá de tenerse en cuenta exclusivamente el número de catedráticos y profesores titulares que estén adscritos a ellos", cuando en la normativa aprobada por la Universidad coruñesa se hace referencia a "profesores permanentes", figura que, según los recurrentes, "no está establecida en ninguna disposición legal conocida".
Los críticos destacan que la categoría de profesor permanente fue "creada ex novo" por el Consello de Goberno de la Universidad coruñesa y en ella se incluye al personal docente e investigador funcionario, los contratados doctores, los colaboradores fijos y no fijos, el profesorado ayudante doctor y "todas aquellas figuras para las que exista compromiso de estabilización".
Para los recurrentes, el acuerdo para la inclusión de estos docentes para determinar la constitución de los departamentos vulnera la legislación y por lo tanto resulta "nulo de pleno derecho", lo que también se extiende a la forma en la que fue aprobada la reestructuración, ya que fue una decisión del Consello de Goberno, cuando estos profesores entienden que no es el órgano competente para hacerlo.
Para ello recuerdan que la Ley de Ordenación Universitaria recoge que "la creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a la Universidad, conforme a sus estatutos", mientras que el decreto de 1984 sobre los departamentos fija que "los estatutos de cada universidad establecerán el número mínimo de catedráticos y profesores titulares necesario para la constitución de un departamento".
Pero en los tres recursos se pone de relieve que los actuales estatutos de la Universidad de A Coruña "no contienen ninguna disposición referida al número mínimo de catedráticos y profesores titulares necesarios para la constitución de un departamento", de forma que la "única forma" de modificar la normativa actual pasaría "por la reforma de los estatutos vigentes" en la que se especifique cuál sería el número necesario para su creación.
El rectorado justificó la modificación de la estructura de la Universidad por la necesidad de conseguir un ahorro económico en la gestión. Además de la supresión de 27 departamentos, se pretende eliminar 13 vicedecanatos, medida que conseguiría reducir en 557.000 euros el gasto administrativo de la institución académica.
Los profesores Navarrina, Castedo y Pazos comparecieron en octubre acompañados de otro excandidato a rector, Daniel Pena, para negar que vaya a conseguirse el ahorro pretendido, así como para alertar de las "disfunciones" que a su juicio causará la reforma de los departamentos, que a su juicio "afectará de forma irreversible al funcionamiento" de la Universidad.
Respuesta del rector
La respuesta del rector, Julio Abalde, a estas críticas fue que la propuesta fue aprobada en el Consello de Goberno con 28 votos a favor, 11 en contra, uno en blanco y dos nulos. Abalde negó la acusación de que la reestructuración sea una "represalia" contra quienes no le votaron en las elecciones a rector y para ello destacó que él es profesor de la Facultad de Ciencias, que votó de modo mayoritario a su candidatura, pero que sin embargo es uno de los centros en el que habrá una mayor reducción de departamentos.
Abalde descartó además que este proceso vaya a suponer despidos de profesores interinos porque al quedar liberados los directores y secretarios de los departamentos suprimidos queden liberados de estas tareas, para lo que puso de relieve que la Universidad contratará 25 nuevos profesores eventuales que se añadirán a otros 30 cuyas plazas se crearon el pasado junio.
