La Consellería de Economía ha concedido permiso a Maderas Peteiro para desmantelar su planta de cogeneración. La Xunta había otorgado autorización para construir estas instalaciones de suministro de energía en 2009 y estas fueron ilegalizadas por el Superior en 2013 porque su uso respondía a una actividad industrial cuando la maderera de Os Rosales solo tenía licencia de ebanistería. Fue en uno de los pleitos que interpusieron contra la factoría los vecinos del entorno, que han denunciado durante años molestias por polución y ruidos.

Ese fallo, sin embargo, fue declarado inejecutable por el mismo tribunal meses más tarde, dando la razón a la petición de la empresa y suspendiéndolo "hasta la finalización del procedimiento legalizador". Por eso, fuentes próximas al proceso desvinculan la sentencia de la decisión de cerrar la planta energética.

Vecinos de la zona han notado que en los últimos tiempos esta parte de la fábrica funciona intermitentemente. Siguen pendientes, eso sí, del traslado de la maderera, que en el pasado mandato fue centro de la polémica cuando el Gobierno del PP inició unos trámites para legalizarla cuatro meses después de ganar la Alcaldía y que llevó el BNG a pleno en 2012 por la relación familiar del ex concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, con la empresa. El proceso fue anulado en Primera Instancia pero ratificado en sentido contrario por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un defecto de forma.

La fábrica estaba en situación irregular porque su licencia era de ebanistería (otorgada en 1973) pero fue ampliando su actividad hasta convertirla en industrial sin ningún tipo de permiso administrativo que amparase tal crecimiento.

Esta tecnología fue permitida por la Xunta en 2009 a pesar de la licencia que tenían. Es por ello que los magistrados declararon en 2013 "jurídicamente inaceptable" que se hubiese admitido la petición de la maderera de pasar de diésel a gas sin consentimiento administrativo para sus "importantes trabajos industriales". Sin embargo, tras el incidente presentado por Maderas Peteiro, el Superior declaró su propio fallo inejecutable y lo aplazó hasta la regularización.

El proceso de legalización culminó el agosto de este año, cuando el Superior tumbó, una vez más, otro fallo del Contencioso-administrativo por un defecto de forma. El juez que valoró el caso en Primera Instancia llegó incluso cuestionar los informes en los que se había basado el Ejecutivo del PP para avalar la actividad industrial. Aceptaba así la tesis de los vecinos, que habían recurrido, una vez más, los trámites al entender que el Concello pretendía conceder "clandestinamente" nuevas licencias a la fábrica a través de un cambio de titularidad.

La factoría pidió desmantelar la planta de cogeneración en diciembre de 2014. Tras varios trámites, tiene seis meses para culminar el proceso, según lo publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia.

Detrás de todo el embrollo judicial está la marcha de Maderas Peteiro de Os Rosales. La empresa tendría que mudarse de este entorno residencial, según lo comprometido con el Concello en un convenio incluido en el plan general, en verano de este año (cuatro años desde la entrada en vigor del PGOM). Es la literalidad del acuerdo por el que el Concello le otorgó, en 2009, un aprovechamiento urbanístico en la zona para construir tres bloques de seis alturas y compensar a la firma por la mudanza de sus actividades. Este convenio está incluido en el plan general (2013), que recurrieron los vecinos al entender que el pacto [rubricado solo 15 días antes de la aprobación inicial] es "contrario al derecho" y que no queda justificado un aumento de edificabilidad. El Tribunal Superior avaló la actuación municipal.