La subasta de La Solana y el hotel Finisterre se queda en la nevera a la espera de las negociaciones entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado. Su presidente viajará a A Coruña para intervenir en la fractura institucional entre María Pita y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, después de la decisión de este de retomar la puja pese a la oferta municipal. Losada quería avanzar ya este mes con el expediente pero el proceso se deja en suspenso. La oferta de diez millones de la Inmobiliaria Río Mero por las instalaciones y el hotel, según el convenio que firmó con el presidente portuario el 6 de octubre, finaliza en abril.
En la negociación se tratará de buscar una "solución global", según Puertos del Estado, lo que incluye conversaciones también por los muelles de Calvo Sotelo y Batería. Según el convenio que firmó Francisco Vázquez con Magdalena Álvarez en 2005 previo a construir el puerto exterior, el Concello se comprometió a desafectar los terrenos, por lo que tendría que aprobar un ordenamiento urbanístico detallado para la zona para que el Puerto pudiese obtener dinero para pagar la deuda generada por punta Langosteira.
En este enfrentamiento de año y medio entre el máximo responsable portuario y el Gobierno local de Marea Atlántica, también queda resolver, y así se tratará, que el Puerto ceda los terrenos de La Marina para que el Ayuntamiento pueda realizar una serie de obras de mejora, como la ampliación de zona de sombra y de los juegos infantiles. El Puerto reclama al Concello el pago de 4,8 millones por las obras.
Aunque puede haber cambios, la reunión está en principio fijada para el último día de este mes, después de una conversación telefónica mantenida el jueves entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y el presidente de Puertos, José Llorca. Previamente, el pasado lunes, el pleno aprobó tres mociones a favor de paralizar la subasta. Una de ellas tuvo el apoyo del Partido Popular, cuyos representantes en el Consejo de Administración habían votado a favor de reactivar la subasta el pasado 22 de diciembre. Al día siguiente, los populares se pusieron en contacto con Llorca para preguntar si aceptaría un papel mediador, que había exigido, aunque sin comunicarse directamente con él, el Ejecutivo después de la decisión de Losada de reanudar la puja.
En todo caso, fuentes de Puertos del Estado argumentan que, en situaciones de déficit como la del puerto coruñés, ellos siguen apostando por deshacerse de activos que ya no tienen uso portuario y obtener el máximo rendimiento económico posible de ellos. La voluntad de Llorca de negociar contrasta con la rigidez del informe de Puertos del Estado que rubricó el pasado noviembre en el que respaldó la celebración de la puja al existir un convenio entre la Autoridad Portuaria y la inmobiliaria Río Mero -actual concesionaria de La Solana y el Finisterre- por el que esta firma privada se comprometía a concurrir a la subasta con una oferta de 10 millones de euros frente a la de los 1,4 millones que prevé hacer el Concello.
Ante las intenciones del Puerto de vender La Solana, el Concello presentó el pasado mayo una oferta por el precio de tasación que había puesto Puertos del Estado, dándole plazo hasta el 31 de diciembre para formalizarla. El Concello mandó una comunicación oficial de su voluntad de comprar el 10 de noviembre, un formato que la Autoridad Portuaria rechaza por incompleto, carencias que nunca le comunicó oficialmente al Concello. Sin que hubiese llegado la oferta municipal ni terminado el plazo, el 6 de octubre, el presidente de Puertos firmaba un convenio con Río Mero, en el que le garantizaba llevar al Consejo de Administración la reanudación de la puja. El Puerto decide retomar la subasta el 22 de diciembre.
Firmas y consulta popular
La Comisión en Defensa do Común recogerá firmas para que La Solana y el hotel sean devueltos gratis a la ciudad. Así se decidió en el transcurso del acto en la casa museo Casares Quiroga, en la que estaban 72 personas en representación de 25 entidades. La CIG, participante, también se pronunció ayer y demandó una consulta popular sobre los usos definitivos de los terrenos del puerto desafectados ante "un nuevo capítulo de expolio".
