La asociación de vecinos del Agra do Orzán inició ayer una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno local la apertura del parque del Agra, que ocuparía parte de la actual zona verde que rodea al edificio del Observatorio. La entidad repartirá hojas de firmas entre los negocios del barrio para presionar al Concello, a quien acusan de no aclarar qué hará tras la última sentencia del Tribunal Supremo.
En ese fallo se da la razón al empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, de forma que los que se conoce como Parque del Agra -que incluye, además de los espacios verdes que piden los vecinos, edificios de viviendas y equipamientos públicos aún sin construir- deberá reducir sus dimensiones en 3.163 metros cuadrados, lo que implicará un recorte de las zonas verdes.
Los vecinos del Agra reclaman con esta campaña que las obras del parque se pongan en marcha cuanto antes y que, al menos los espacios comunes, no se pospongan más. "Llevamos 20 años esperando, posponiendo el parque a la espera de sentencias judiciales. Queremos que se haga ahora porque, si esperamos por los tiempos de la administración, no verán el parque ni mis nietos", asegura el presidente de la entidad vecinal, Ricardo Seixo.
El portavoz denuncia que, tras conocerse esta sentencia del Supremo a finales de noviembre, envió una carta al concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, para conocer cuáles serían los pasos futuros del Gobierno local, no habiendo obtenido respuesta. "Lo que nos imaginamos es que se callan porque no tienen nada que decir", asegura Seixo.
Los vecinos se preguntan, por ejemplo, si el actual Gobierno solicitó al Ministerio de Medio Ambiente -propietario de parte de los terrenos- la cesión para usos públicos de estos solares. Seixo recuerda que el exalcalde, Carlos Negreira, había asegurado en campaña electoral que esta petición había sido aprobada, algo que la Marea desmintió al llegar a María Pita.
Este proyecto se gestó en 2006, ocupando un total de 31.814 metros cuadrados de extensión, de los que 14.283 serían zona verde. Para el cálculo de esta última superficie se tenía en cuenta la calificación de 5.174 metros, propiedad de Rodríguez Cebrián, como suelo urbano no consolidado, lo que le obligaba a ceder suelo al Concello. La sentencia emitida por el Supremo en noviembre da de forma definitiva la razón al empresario sobre esos terrenos, que reclamaba que recuperasen su condición de suelo consolidado, aunque solo en los 3.331 que habían sido ocupados por el convento de las Adoratrices.
