La concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, confía en resolver su futuro como proyecto empresarial en las próximas semanas, cerrando la entrada de un nuevo socio inversor en el capital de la empresa. El mejor posicionado para convertirse en nuevo accionista es el grupo madrileño Mecanizados Escribano que lleva estudiando la posibilidad de plantar una pica en A Coruña desde hace meses.

"Es el mejor posicionado pero hay más empresas interesadas", señaló ayer el director de Hércules de Armamento, Ramón Mejuto. La firma madrileña, fundada en 1998 y especializada en el sector armamentístico, desvelará si apuesta por el proyecto coruñés a finales de este mes, cuando se apruebe el plan de inversiones para este 2017. "Es una operación con ciertos riesgos, para la que se requiere bastante dinero para rescatar la fábrica", señaló en diciembre uno de los dirigentes de Escribano. El 32% de las acciones de está compañía está en manos de Spanish Acquisition Company SARL, una firma con sede en Luxemburgo de la que es propietario el Fondo de Reserva General del Estado de Omán (SGRF, en sus siglas en inglés).

Quienes mantienen absoluto silencio sobre la situación de la empresa, en la que de acuerdo con el pliego de condiciones del concurso deben trabajar al menos 155 empleados, son las administraciones. El Ministerio de Defensa -propietario de la fábrica y los terrenos colindantes- no ha hecho ningún comunicado público después de la comisión de seguimiento que se celebró en noviembre, y en la que los funcionarios del departamento de María Dolores de Cospedal tomaron nota de las deudas que Hércules mantiene con los trabajadores, con la Seguridad Social y con proveedores. La concesionaria de la fábrica habría pedido un plazo de tiempo de gracia al Ministerio para encontrar un inversor y poder comenzar a saldar deudas y llenar las líneas de producción de la factoría, hasta ahora prácticamente paradas.

Tampoco ha dado señales la Consellería de Economía e Industria de la Xunta. El comité de empresa de Hércules, con representación mayoritaria de la CIG, exigió en diciembre a la administración autonómica que hiciese algún tipo de gestión para atraer un inversor a la fábrica. Fuentes de Mecanizados Escribano consultadas esta semana por este diario aseguran no haber mantenido ningún tipo de contacto con el Gobierno gallego desde que su interés salió a la palestra.

La situación económica que atraviesa Hércules es delicada, según reconocen las propias fuentes de la misma compañía. Más de dos años después de haber asumido la concesión, adeuda cientos de miles de euros a trabajadores y Administración pública. Tampoco ha abonado en tiempo y forma este año el canon de la tercera anualidad, que debería haber ingresado al Ministerio en octubre.

Los últimos datos de facturación que recoge el Registro Mercantil para esta compañía están muy por debajo de lo que habían anticipado los promotores del proyecto. En 2015, la facturación no superó los 28.000 euros, mientras que las pérdidas ascendieron a 520.000 euros, casi el doble que las del ejercicio anterior, algo más de 266.000. Sin embargo, cuando se presentó en sociedad, la dirección apuntaba a una facturación de entre 12 y 20 millones de euros en el primer año de actividad.