La reunión que el próximo viernes mantendrán el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, para abordar el futuro de La Solana, puede ser decisiva para resolver el enfrentamiento que mantiene en la actualidad el Concello con la Autoridad Portuaria, cuyo máximo responsable, Enrique Losada, también estará presente en el encuentro. Ambas partes deben buscar una salida al conflicto que las separa para evitar que el asunto se dirima en los tribunales, lo que podría impedir además al Puerto llevar a cabo de forma inmediata la operación de venta del complejo deportivo para sanear sus cuentas.
Si la disputa acaba finalmente en los juzgados, tanto Concello como Autoridad Portuaria esgrimirán los argumentos empleados por sus respectivos letrados, la asesoría jurídica municipal en el primer caso y la Abogacía del Estado en el segundo. Esta última emitió el 10 de octubre un informe en el que daba su aprobación al acuerdo suscrito por el Puerto con la Inmobiliaria Río Mero, concesionaria de La Solana y el hotel Finisterre, mediante el que la empresa se comprometió a ofertar 10 millones de euros por ambas propiedades en la subasta que convoque la Autoridad Portuaria.
Para defender su postura, Abogacía del Estado recuerda que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas reconoce la posibilidad de la adjudicación directa de los inmuebles públicos -como el Concello pretende que haga el Puerto a su favor con La Solana-, pero advierte que "tanto la doctrina como la jurisprudencia" consideran que esta modalidad es una "potestad discrecional de la Administración" y que el criterio que debe prevalecer es el de "la mejor forma de satisfacer el interés público", tesis a la que se aferra el Puerto para conseguir un mayor precio por La Solana. Sobre el acuerdo alcanzado con Río Mero, el informe lo considera legal por que la misma ley aludida anteriormente defiende la libertad de pactos siempre que tengan por fin el interés público y no sean contrarios al ordenamiento jurídico y los principios de buena administración.
Para Abogacía del Estado, el acuerdo con la concesionaria "no restringe la publicidad, la libertad de concurrencia ni la competencia de ofertas que permiten alcanzar la mejor contraprestación económica posible", al tiempo que garantiza "una oferta mínima superior al tipo fijado para la subasta", lo que considera acorde con el interés público.
Pero la asesoría jurídica del Concello advierte que en el momento en que se firmó este pacto, el 12 de julio, estaba vigente la suspensión del procedimiento de enajenación de La Solana, que se adoptó el 30 de junio y tenía una vigencia de seis meses. De acuerdo con esa resolución, estima "contraria a derecho cualquier actuación encaminada a reanudar e incluso impulsar" ese procedimiento.
Al haber argumentado la Autoridad Portuaria que el Concello no presentó toda la documentación requerida para formalizar su oferta por La Solana, los letrados municipales señalan que en el acuerdo de junio se mencionaba que tras ser presentada la solicitud de adjudicación directa, el Puerto debería someterla a aprobación de su consejo de administración, trámite que no se efectuó. Para estos letrados, debe iniciarse el expediente de adjudicación directa y, a continuación, realizarse otras actuaciones "cuando legalmente corresponda".
También defiende la asesoría legal del Concello que el documento presentado ante el Puerto es un acuerdo adoptado "por el órgano competente para adquirir un bien inmueble por adjudicación directa", ya que lo tomó la Junta de Gobierno Local, por lo que debe ser considerado una "solicitud expresa de adjudicación". Rebate también que el acuerdo no contiene una oferta económica concreta, ya que la cantidad es la tasación realizada por la propia Autoridad Portuaria, según se refleja en el acta del consejo del 11 de mayo.
Todos estos argumentos llevan a estimar a la asesoría jurídica que el pacto del Puerto con Inmobiliaria Río Mero es "ilegal", por lo que ya recibió autorización del Gobierno local para presentar un recurso contra la reapertura del procedimiento de subasta de La Solana. Por si fuera poca la complejidad jurídica del caso, en los últimos días se ha conocido que una parte del complejo deportivo figura en el Registro de la Propiedad inscrito a nombre del Concello, lo que pone en duda la capacidad de la Autoridad Portuaria para vender un terreno que del que en principio no sería el propietario.
