La cuestión de confianza es un mecanismo que se recoge en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y al que suelen recurrir los gobiernos en situación de debilidad para sacar adelante los presupuestos, el nuevo sistema de impuestos y tasas, el reglamento orgánico municipal o el planeamiento urbanístico general. A través de ella, el Ejecutivo vincula la aprobación de alguna de estas iniciativas a la continuidad del Gobierno. Si el alcalde perdiese esta cuestión de confianza, para cuya aprobación precisaría mayoría simple del pleno, pasaría a estar en funciones y la oposición estaría llamada a formar un Ejecutivo alternativo en un plazo de diez días hábiles. ¿Qué ocurriría si la oposición no logra entenderse para investir a otro regidor con una moción de censura? Que los presupuestos que el pleno no respaldó se aprobarían y el alcalde seguiría en el cargo.

El Tribunal Supremo sentenció en 2015 que esta aprobación sería solo en fase inicial, por lo que sería necesario abrir un periodo de alegaciones y las cuentas deberían someterse a una aprobación final con normalidad. Esta sentencia vino a revocar otras interpretaciones de tribunales que entendían que, superando la cuestión de confianza, la aprobación de las cuentas era definitiva.