El Juzgado de Instrucción número 1 ha abierto una investigación sobre la subvención europea de 12,27 millones de euros concedida entre el 2000 y 2002 por la Unión Europea al Ayuntamiento, cuando estaba dirigido por el Gobierno de Francisco Vázquez, para la construcción de la planta de residuos de Nostián. La denuncia del exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas ha motivado que la juez abriese diligencias previas para tratar de determinar el estado del IVA correspondiente a la ayuda pública, que asciende a 1,69 millones de euros, así como si fue "empleada en el fin para el que fue concedida".

Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se personaron este miércoles en el Ayuntamiento para solicitar documentación sobre el caso. En concreto, solicitaron la emisión de un informe sobre el estado del IVA de esa subvención. La magistrada decidirá si continúa con las diligencias, tanto documentales como testificales, o decreta el archivo del caso. En la causa no hay ningún investigado, figura judicial que sustituye a la de imputado.

El exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, que formó parte de uno de los primeros gobiernos de Vázquez, emprendió numerosas acciones judiciales contra el Ayuntamiento, incluidas otras relacionadas con la planta de basuras de Nostián, pero la mayoría fueron archivadas. Una de las más relevantes fue la que interpuso contra el exregidor y Antonio Fontenla por el desarrollo del polígono de Someso. El exedil veía en la tramitación la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Los hechos fueron investigados por un juzgado de instrucción, pero finalmente la Audiencia Provincial, en octubre de 2015, archivó el caso tras concluir que el presunto ilícito de tráfico de influencias estaba prescrito y que el cohecho no había quedado "debidamente acreditado".

Sánchez Penas también solicitó al Tribunal de Cuentas en 2006 que investigase la licitación y la posterior contratación de las obras de construcción del puerto exterior, ante la sospecha del incumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por haber sacado a concurso un proyecto que no contaba con presupuesto. El organismo, finalmente, dictaminó la inexistencia de delito contable en esta actuación. El exconcejal del PSOE volvió a recurrir al Tribunal de Cuentas en enero de 2011 para denunciar la actuación del Ayuntamiento al expropiar los terrenos de Someso, ya que los recursos presentados posteriormente por los antiguos propietarios obligaron a abonar indemnizaciones millonarias. El organismo contable volvió a archivar el caso al no detectar irregularidades.