El Gobierno local quiere someter a referéndum el futuro de la fachada marítima de la ciudad, para lo cual el alcalde, Xulio Ferreiro, ha encargado a la asesoría jurídica del Ayuntamiento un informe en el que se establezcan los pasos a seguir para que los ciudadanos puedan decidir lo que se vaya a hacer en los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre, la Marina y los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego cuando la Autoridad Portuaria deje de ser su titular.
El proceso está orientado, según el Concello, a que se produzca una consulta popular sobre esas parcelas cuya titularidad y usos está negociando la administración local con Puertos del Estado y el Puerto coruñés para cuando la actividad portuaria se traslade a la dársena exterior de Langosteira. "Se trata de un proceso participativo con la ciudadanía que va más allá del propio referéndum, y que pasa, además, por la apertura de un verdadero foro de debate. La gente tiene que poder decidir sobre el futuro de la ciudad y sobre cómo es A Coruña que quiere", señala Ferreiro.
El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de A Coruña indica en su artículo 10 que el alcalde puede someter a consulta popular "los asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial importancia para los intereses de los vecinos", aunque ello requiere previamente la mayoría absoluta del pleno. De momento Ferreiro ha encargado el informe jurídico que concrete "la hoja de ruta" para que se puede celebrar esa consulta ciudadana, que se ajustaría a las disposiciones generales y, en su caso, al procedimiento que la legislación del Estado determina en materia de referéndum.
Si el pleno acuerda la celebración de la consulta, el alcalde deberá remitirlo a la Xunta con los términos exactos de la misma. Una vez convocada, se le daría la máxima publicidad a través de la web municipal y de medios telemáticos. La actividad del Ayuntamiento también se difundiría en medios de comunicación y por bandos, folletos, tablones de anuncios y servicios específicos de información personal en las oficinas de información y telefónica.
El anuncio de la consulta con los ciudadanos que el Gobierno de Marea quiere promover coincide con la suspensión de la subasta pública de los terrenos del hotel Finisterre y La Solana por un periodo de seis meses, según votó el consejo de administración del Puerto la semana pasada después de haber acordado a finales de diciembre convocar la puja en contra de los intereses del Concello, que pretendía pagar 1,4 millones de euros por la parcela del recinto polideportivo. Un día después de la última reunión del consejo portuario Xulio Ferreiro declaró que confiaba en que ese periodo de medio año fuera suficiente para acordar con el Puerto y Puertos del Estado un "plan global" que reordenase la fachada marítima de la ciudad, lo que obligará a renegociar los convenios firmados en 2004 entre el Concello y el Ministerio de Fomento.
El futuro de los terrenos de los que se quiere desprender el Puerto para costear la construcción de la dársena de punta Langosteira también suscitó la celebración de un significativo acto un día antes del acuerdo por la suspensión temporal de la subasta: la recepción que en el salón de plenos hizo el Gobierno local a la Comisión Aberta pola Defensa do Común, en la que los integrantes de esta plataforma ciudadana debatieron el uso futuro de los muelles, la Marina y el suelo de La Solana y el Finisterre.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana por el que se convoca al pueblo a decidir acerca de algún aspecto de especial interés e importancia. Este tipo de referéndum local se hace más común en España, donde tiene regulación estatal. El Ayuntamiento de Madrid convocó este año una consulta en la que los mayores de 16 años votaron sobre el futuro de la Gran Vía y la plaza de España, actuaciones en los distritos y dos propuestas ciudadanas sobre el billete único de transporte y sostenibilidad. Los políticos preguntaron a los votantes, que respondieron con una escasa participación, solo el 8% del censo.
