El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera que el sistema que articuló el Gobierno del PP para fichar a funcionarios de otras administraciones para ocupar jefaturas de servicio y consolidarlos como parte de la plantilla municipal, engordó la masa laboral del ayuntamiento en contra de las restricciones para aumentar el personal público impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Incide también la sentencia conocida anteayer que, de acuerdo con los 24 funcionarios de alto rango denunciantes, la actuación administrativa "dista mucho de ajustarse a los parámetros legales". La ejecución del fallo, que anula doce nombramientos de altos cargos, obliga a una cascada de cambios en el organigrama municipal, con personas que ejercen jefaturas de servicios nombradas sin concurso, lo que rechaza el tribunal. Los mismos denunciantes ya han presentado otros recursos sobre tres personas nombradas por el Ejecutivo de Marea por el mismo sistema y que quedan, tras la reciente sentencia, cuestionados.

El Alto Tribunal Gallego rechaza que se designasen jefes de servicio a dedo y que se incorporasen habilitados nacionales (secretarios, interventores) sin una justificación individual y adecuada a su carácter "extraordinario", dado que la herramienta de provisión de estos cargos debe ser como norma general, según los magistrados, un concurso y no la libre designación. La sentencia anula la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2014 que permitió la consolidación de los fichajes en la plantilla municipal.

El fallo acepta casi todos los argumentos de los denunciantes, 24 funcionarios de carrera que consideraron vulnerados sus derechos para acceder a estos puestos de responsabilidad. Uno de ellos, que los nombramientos incrementaron el gasto en personal, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy legisló en 2013 para restringir al máximo la incorporación de nuevos funcionarios a las diferentes administraciones. El Concello alegó que no se trataba de crear nuevas plazas, sino que eran puestos preexistentes y dotados presupuestariamente.

Para el Tribunal Superior, sin embargo, sí se "vulnera la normativa de aplicación", ya que esta pretende "que no se incrementen las partidas de personal respecto a las existentes al 31 de diciembre de 2013". "En el presente caso el personal experimentará un aumento por lo que la partida necesariamente ha de sufrir la consiguiente subida", dicen los magistrados, que añaden que, "aunque no se trate de personal de nuevo ingreso, sí supone una incorporación a la plantilla municipal, por lo que por las dos circunstancias vulneran la disposición".

La sentencia del Superior causó ayer un gran revuelo en los pasillos municipales, ya que su materialización obliga a numerosos cambios en el organigrama municipal, que afectarían tanto a nombramientos anteriores como actuales. Los denunciantes preparan ya la solicitud para que se ejecute la sentencia. El Concello tiene un mes para presentar un recurso de casación ante el Supremo. Dice que lo está analizando mientras el PP le exige que recurra la anulación de esos 12 cargos de su mandato y el BNG, que ejecute de inmediato el dictamen judicial.

El Gobierno de Marea señala que está "analizando" la sentencia y "sus efectos" y los "escenarios que se abren" con su ejecución porque "es compleja y puede tener incidencia en distintas cuestiones". Por un lado, argumentan, afectaría a la Relación de Puestos de Trabajo, ya que anula las jefaturas de servicio con libre designación. Por otro, también afectaría a la situación de las personas que ejercen esas jefaturas de servicio actualmente y designadas sin concurso.

Afirman que están preparando un borrador para una nueva RTP en el que estos cargos no puedan ser ocupados por libre designación, "lo que supone un cambio sustancial respecto a la anterior". Señalan que comparten que las jefaturas no puedan ser asumidas por habilitados nacionales pero que hay "otros argumentos" del fallo "con los que el Gobierno local no está de acuerdo".

Con una sentencia que cuestiona su política de personal, el Partido Popular fue el más crítico con la sentencia, considerándola "contradictoria" con otros fallos anteriores. Opina que el Gobierno local debe recurrir ante el Supremo. Advierte que, si no lo hace, tendría que cesar a los funcionarios que figuran en la condición de libre designación, tanto los nombrados por ellos como los nombrados por Marea.

El BNG y el presidente de la Junta de Personal, Roberto Tizón, exigen la inmediata ejecución. La portavoz nacionalista, Avia Veira, recuerda que dijeron en 2014 que era "ilegal" y que se pretendía "poner al Concello al servicio del PP". Para ellos, presentar un recurso de casación equivaldría a "amparar la ilegalidad" de los fichajes externos, "aumentando el cuadro de personal de manera irregular". El BNG dice que hay "síntomas evidentes" de que Marea realiza nombramientos "muy parecidos". En la misma línea, Tizón (CIG) exige que se ejecute la sentencia y recuerda que también se opusieron a la hoja de ruta laboral del PP.