El futuro de la fachada marítima está sobre la mesa, no solo la situación de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre sino también de los muelles interiores, como Calvo Sotelo, Batería y San Diego, que serán desafectados cuando pierdan su uso portuario. Un acuerdo firmado en 2004 entre el entonces alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez; su homólogo en Arteixo, Manuel Pose; el entonces conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo; y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, establecía que los terrenos desafectados tendrían que servir para "obtener parte de los fondos necesarios para la construcción de las nuevas infraestructuras portuarias y ferroviarias", de modo que los terrenos liberados supusiesen "una oportunidad única" para mejorar notablemente la estructura urbanística" de la ciudad.
El convenio divide la superficie que será desafectada en dos zonas y, según el texto, la primera está integrada por los muelles de la Batería y de Calvo Sotelo, mientras que la segunda la forman los muelles de San Diego y petrolero, así como la estación de mercancías de San Diego. En la primera se desafectarán 54.533 metros cuadrados, ya que otros 22.200 metros permanecerán en manos de la Autoridad Portuaria, que se reserva una franja de 20 metros de ancho a lo largo del borde de los muelles. La segunda tendrá una superficie desafectada de 376.192 metros cuadrados y en esa zona el Puerto se reserva 18.560 metros mediante una franja de veinte metros en el borde de San Diego y de diez en el muelle petrolero.
Para los muelles de Batería y Calvo Sotelo, el convenio señala que han de tener usos institucionales y lucrativos terciarios, eso implica oficinas, pero también hoteles y centros comerciales. En San Diego, el muelle petrolero y la estación de mercancías se permite el uso residencial, de precio libre y protegido, y usos comerciales y oficinas.
Fuera de este acuerdo están los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre, que la Autoridad Portuaria pretendía sacar a subasta. Hasta que el Concello puso encima de la mesa la posibilidad de hacerse con las instalaciones deportivas.
El Gobierno local formalizó su intención de adquirir los terrenos de La Solana por 1,3 millones de euros para dedicar las instalaciones a uso público y, de este modo, que la Autoridad Portuaria pudiese subastar la parcela del hotel Finisterre. Pero el Puerto, sin siquiera esperar que concluyese el periodo otorgado al Concello para hacer su oferta, retomó la puja. Lo paró un pleno municipal en el que todos los grupos se pusieron de acuerdo para defender la titularidad pública.
La Comisión Aberta para a Defensa do Común, en la que se integran más de sesenta entidades, entre ellas, Marea Atlántica, PSOE y BNG, además de vecinos que no pertenecen a ningún otro organismo, ha solicitado al Concello que los terrenos de la fachada marítima vuelvan a formar parte del patrimonio local sin pagar por ellos y ha convocado una marcha para el 7 de mayo. Quieren una consulta popular en la que los vecinos puedan votar por el futuro de estos terrenos, pero también de la antigua cárcel.
El Gobierno local defiende que los terrenos tengan "un uso público"; el PP aboga por "el consenso" y "el diálogo" para encontrar una solución que no deje al Puerto sin los ingresos esperados; el PSOE apuesta por "reformar el convenio suscrito en 2004" y el BNG defiende la devolución gratuita de los terrenos.
Vecinos, arquitectos, empresarios, comerciantes y políticos analizan en este reportaje cómo les gustaría que se afrontase la oportunidad de la reforma de la fachada marítima. La mayoría apuesta por el uso público de estas parcelas y por que su devolución a la ciudad sea gratuita
