El PSOE y el PP apuestan por la creación de un consorcio entre Puerto, Puertos del Estado y Concello para definir y gestionar el futuro de los muelles. El Gobierno de Marea señala que es una de las herramientas que han analizado en los últimos meses pero que hay más posibilidades. Busca una fórmula que permita implicar, también económicamente, a otras administraciones como la Xunta y la Diputación, cuestión que avanzó el alcalde, Xulio Ferreiro, al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión de febrero. El BNG antepone la devolución gratuita y rechaza que una entidad como esta sirva para que haya un "intercambio económico por los terrenos".

El grupo socialista ofreció ayer una rueda de prensa para, abogando por la titularidad pública de los muelles, plantear entre otras cuestiones un consorcio público, que gestione lo que es la definición futura de la transformación del puerto interior. En esta entidad estarían Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y el Concello como administraciones implicadas. Es una fórmula que, según recuerda el PP, también han defendido en diversas ocasiones. Consideran que los socialistas "se unen" a una propuesta que ya hicieron ellos y que "ahora toca concretar cómo".

¿Está la creación de un consorcio en los planes del Gobierno de Marea Atlántica? Fuentes municipales señalan que es "una de las posibles" herramientas, no la única, y que quedaría mucho por "concretar" antes de hacerlo. Señalan que es únicamente una de las opciones y que llevan "tiempo hablando de ella" pero que, insisten, hay otras.

El alcalde, Xulio Ferreiro, había avanzado en la reunión del 6 de febrero en Santiago con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que buscaba articular un proyecto para implicar a otras administraciones como Xunta y Diputación y "trabajar de forma conjunta para buscar mecanismos que garanticen la titularidad pública" de los terrenos. Núñez Feijóo aplazó su valoración hasta conocer más detalles.

"Esto no es algo que deba asumir el Concello en solitario sino que la Xunta y la Diputación deben implicarse en la reordenación de la fachada, como así se lo plantearé a sus presidentes", decía unos días antes Ferreiro, "pienso que la cuestión tiene la suficiente envergadura y el suficiente consenso como para que sea así". Hablaba de "fórmulas de gestión del patrimonio y de estos espacios, además de aportaciones públicas, que permitan compensa la cesión de suelo por parte de la Autoridad Portuaria coruñesa.

Un ejemplo que puso el Concello encima de la mesa de Puertos en enero fue la cesión de los muelles de Valencia. El Gobierno entregó en 2013 de forma gratuita al Ayuntamiento un millón de metros cuadrados en el puerto. La zona había sido remodelada en 2007 con 440 millones de euros. El coste de la actuación fue financiada mediante un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que tendría que hacer frente un consorcio formado por la Generalitat valenciana con el 40%, el Gobierno central con el mismo porcentaje y el Ayuntamiento con un 20%. El problema posterior fue la falta de recursos de las administraciones autonómica y municipal llevó sin embargo a la estatal a tener que hacerse cargo del pago del crédito al figurar como avalista de la operación, aunque por el momento no ha abonado esta cuantiosa deuda. Paralizadas las obras, el nuevo Gobierno local (formado por Compromís, PSOE y Valencia en comú) han presentado un plan estratégico para cambiarlo y reactivarlo.

El convenio de 2004

En la rueda de prensa de ayer, el PSOE, que anunció que presentará en el Congreso una proposición no de ley por la titularidad pública de La Solana, propuso también reactivar la comisión de seguimiento del convenio de 2004, germen de la operación inmobiliaria de los muelles y la construcción del puerto exterior. Un convenio que suscribieron ellos mismos, con Francisco Vázquez como alcalde firmante. A su rúbrica se sumó la de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez. Los socialistas asumen que tienen "la responsabilidad de haber sido el partido que firmó el acuerdo" pero que este se hizo en un "contexto socioeconómico determinado, atendiendo a cuestiones medioambientales y estratégicas", defienden.

El Puerto esperaba obtener doscientos millones por la venta de los terrenos liberados tras la construcción de punta Langosteira para financiar el puerto exterior. Hoy las previsiones de negocio se consideran desorbitadas. La cláusula octava del convenio planteaba una comisión de seguimiento que los socialistas sugieren reactivar para cambiar los términos del convenio, que abría la puerta a la venta a constructoras y los bloques de edificios o centros comerciales en el litoral, algo que refrenda el ordenamiento urbanístico de la zona, que también habría que cambiar. El órgano tendría un miembro de Fomento, uno del Concello, uno del Ministerio de Vivienda (ya no existe), uno de la Xunta, uno de Puertos del Estado, uno de la Autoridad Portuaria y otro de Renfe.