Los grupos de la oposición municipal recibieron ayer en la comisión de Seguridad el proyecto de Ordenanza de Protección contra Incendios, a la que ahora podrán presentar propuestas de modificación. El Gobierno local tenía previsto aprobar en 2016 esta normativa, sobre la que solicitó su opinión a los profesionales relacionados con la edificación, aunque finalmente será este año en el que sea llevada al pleno.
La ordenanza será la primera de este tipo que exista en un municipio gallego y abordará cuestiones como el equipamiento contra el fuego con el que deberán contar los inmuebles coruñeses, el emplazamiento de las tomas de agua para los bomberos y las actividades públicas en las que debe contarse con la presencia de estos trabajadores municipales.
Uno de los aspectos más destacados de la normativa será la necesidad de que todos los edificios de más de 28 metros de altura -aproximadamente nueve pisos- que se construyan después de que entre en vigor cuenten con un plan de autoprotección. El plan de autoprotección reuniría las medidas de cada inmueble para prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, además de las respuestas a situaciones de emergencia. El documento debe ser realizado por técnicos especializados y ser remitido al Concello para ser revisado por los bomberos.
Cuando el edificio ya disponga del plan, sus ocupantes deberán colocar carteles con las instrucciones a seguir en un incendio y el teléfono de los bomberos. Los vecinos también tendrán que ser formados en seguridad contra el fuego y participar en simulacros para evaluar su actuación ante una emergencia de este tipo, una actuación que ya realizan los bomberos en la actualidad de forma gratuita. Otra de las exigencias de la ordenanza es que el plan de autoprotección se revise cada tres años, aunque solo habrá que modificarlo si el inmueble experimenta alguna variación de relieve.
El documento también se exigirá a túneles, estaciones de servicio y puntos de venta de carburantes, locales cerrados para más de 5.000 personas, instalaciones desmontables de más de 500 metros cuadrados, establecimientos industriales de riesgo medio con más de mil metros cuadrados de superficie y los de riesgo alto de cualquier extensión, instalaciones frigoríficas que almacenen más de una tonelada de líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo, hospitales con tratamiento intensivo o quirúrgico, así como edificios ocupados por discapacitados o menores que no puedan valerse por sí mismos.
El plan de autoprotección será además obligatorio para centros educativos de más de mil metros cuadrados de superficie, edificios de uso residencial público para más de 100 personas, comercios de más de 2.000 metros cuadrados, salas de espectáculos de más de 1.000 metros cuadrados, aparcamientos públicos de más de 2.500 metros cuadrados por planta o con más de tres de cualquier superficie, así como y locales de ocio infantil con estructuras de varios niveles y recorridos intrincados de más de 50 metros cuadrados.
La Ordenanza de Protección contra Incendios obligará además a los propietarios de terrenos rústicos a retirar la maleza de los mismos, medida que se extenderá a los solares y parcelas sin edificar. La iniciativa pretende evitar la aparición del fuego en esas parcelas y proteger a la ciudadanía que resida en las cercanías. La norma tiene en cuenta que hay lugares en los que resulta difícil la eliminación de la maleza, por lo que prevé la creación en su entorno de una franja de 25 metros de anchura libre de vegetación que actúe como cortafuegos.
