La concesión de los tres polideportivos de la Xunta en la ciudad de A Coruña, los de Elviña, A Sardiñeira y Agra do Orzán, está en vías de liquidación tras un conflicto de más de tres años entre el organismo autónomico Fundación Deporte Galego y la adjudicataria que gestiona los recintos, Gaia. Con cuatro causas complejas en los tribunales y sentencias recurridas, ambos tratan de alcanzar un acuerdo sobre las deudas y obligaciones que se reclaman para rescindir el contrato, una solución "inevitable" -según señalan fuentes de las partes- que ya pretendía ejecutar el Gobierno gallego a comienzos de 2014. La Xunta y el Ejecutivo de Marea estudian un posible traspaso de la concesión al Concello, un cambio que requiere riguroso análisis y que depende de importantes factores por resolver.

¿Cuál es el origen del conflicto? Desde mediados de 2013 fueron numerosas las quejas de usuarios por el mal estado de las tres instalaciones. En diciembre se desprendió una viga del techo y cayó en la piscina de Elviña sin que hubiera nadie en ella. El deterioro de las instalaciones destapó un enfrentamiento entre la Xunta y la concesionaria, que se acusaron de incumplimiento de contrato y dejadez en sus responsabilidades y de negarse a asumir pagos pendientes. Fundación Deporte Galego dio entonces los primeros pasos para resolver la concesión, algo que Gaia no estaba dispuesta a consentir.

¿En qué situación se encuentra la concesión? Intervenida desde 2014. La Xunta inició aquel año los trámites para rescindir el contrato de Gaia para la gestión de los tres complejos, cuya vigencia es de veinte años y no finaliza hasta 2027. Pero ni la empresa ha dejado de encargarse de los polideportivos hasta ahora ni la interventora, tras visitas de inspectores a las instalaciones, ha procedido a ponerle fin. Ahora la concesionaria y Fundación Deporte Galego negocian la liquidación del servicio.

¿Qué ha ocurrido en estos tres años? Sin cambios en la gestión de los polideportivos, la gestora y la Xunta se han enfrentado en los tribunales por cuatro motivos: el pago del canon anual que la entidad le reclama a Gaia desde antes de 2014; la deuda que la firma exige al organismo gallego en concepto de compensaciones por errores en el cálculo de abonados; pagos pendientes por el uso que de las instalaciones hacen clubes y federaciones; y la responsabilidad de las obras estructurales en los recintos, con áreas en tan mal estado que aún permanecen cerradas, como el pabellón de A Sardiñeira. Ha habido sentencias que en unos casos favorecen a Fundación Deporte Galego (el abono del canon) y en otros a la concesionaria (las obras), y todas se han recurrido.

¿Qué negocian ahora la Xunta y la empresa Gaia? Fundamentalmente, el dinero que se demandan. La cuantía del canon ronda los cuatro millones de euros y las de las reclamaciones de la firma, más de 4,5 millones. Afirman fuentes de cada bando que hay "buen clima" en la negociación y "confianza" en que la concesión se resuelva "en breve". De no darse este paso, ambos se acogerán a lo que dicten las sentencias judiciales firmes.

¿Se han hecho mejoras en los polideportivos? Pocas. La Xunta avanzó que se harían poco antes de las elecciones autonómicas del año pasado. Se arregló la cubierta de Elviña por dentro, hubo revisión de anclajes y refuerzo de pilares y columnas. Faltan más reformas, como en el pabellón de A Sardiñeira y su parqué, el techo del Agra y limpieza y climatización en Elviña. Aseguran desde el comité de empresa que el uso de las instalaciones no entraña peligros, pero su deterioro es evidente. Se inauguraron hace 25 años y hoy en día -señalan las mismas fuentes- las utilizan unas 8.000 personas; hubo un repunte de usuarios tras el último verano tras una caída de abonados desde 2014.

¿Le interesa al Concello que las instalaciones sean municipales? El anterior secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, ofreció al Gobierno de Marea un traspaso de los polideportivos. La propuesta sigue sobre la mesa y el área de Deportes la estudia "a medio plazo". A la plantilla, unos 85 empleados, le interesa saber si la liquidación de la concesión se va a solucionar pronto y si el Concello quiere verdaderamente asumir la gestión.