La dirección de la fábrica de armas ha iniciado esta semana los trámites para recuperar la autorización de producir piezas de armamento, un permiso que le retiró el Ministerio de Defensa en noviembre de 2015 al quedarse la planta coruñesa sin servicio de vigilancia por impagos a la subcontrata de seguridad. Desde entonces, la factoría ha limitado su producción al ámbito civil, ha perdido parte de su plantilla, acumula deudas con el personal, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social -según ha denunciado en reiteradas ocasiones el anterior comité de empresa- y espera por la entrada de un socio inversor en las instalaciones, que ha comprometido su participación al apoyo que la Xunta dedique a la planta de Pedralonga.
Fuentes de la fábrica confirman que la concesionaria, Hércules de Armamento, confía en volver a tener la autorización del Gobierno central para producir armas, por lo que ya han solicitado el nuevo permiso y contactado con una empresa de seguridad para que sus empleados puedan prestar su servicio y ejercer su labor utilizando armas de fuego, requisito indispensable en la instalación y que no se cumplía desde noviembre de 2015.
Los mismos consultados aclaran que Hércules aguarda una respuesta de la Xunta sobre su implicación con la actividad de la fábrica para garantizar su viabilidad, como le han reclamado los trabajadores a la Consellería de Industria después de que la empresa madrileña Mecanizados Escribano pidiese respaldo al Gobierno gallego para decidir antes de Semana Santa si invertía o no en la fábrica coruñesa.
Otras fuentes consultadas, con vinculación a los antiguos trabajadores, matizan que Hércules de Armamento desea contar con un permiso especial de Defensa para fabricar tubos forjados para una empresa mexicana, a pesar de tener aún producir armas o elementos armamentísticos. Insisten en que las administraciones conocen las irregularidades que se cometen en la planta sin tomar decisiones sobre su continuidad.
