El Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas a los cuatro chabolistas condenados por explotar a indigentes y esclavizarlos en la Conservera Celta y Ledoño (Culleredo). Dos de ellos fueron sentenciados a 36 y a 35 años y medio de prisión, respectivamente, por delitos de trata de seres humanos, tratos degradantes, lesiones, hurto y tenencia ilícita de armas. Las esposas de los dos imputados también han visto confirmadas las penas que fijó la Audiencia: 6 meses de prisión por un delito de trato degradante, en un caso, y, en el otro, un año de prisión por tenencia ilícita de armas.

" El verdadero propósito de los procesados era tener a su exclusiva disposición a personas desvalidas, no solo para realizar trabajos para ellos sin recibir a cambio ninguna remuneración, sino para lucrarse de las pensiones o ayudas sociales de las que fueran o pudieran ser beneficiarias", concluyó el alto tribunal provincial en la sentencia, emitida el pasado mes de septiembre. El caso se descubrió en 2015 a raíz de la denuncia de un sin techo que dormía en el portal de una zapatería de San Andrés. El hombre fue capturado por los condenados, quienes se vieron obligados a acompañarlo a Cruz Roja para hacer gestiones para que cobrase una paga. Durante esa visita, la víctima, que conocía a algunos de los trabajadores de la entidad, les contó que estaba secuestrada y que la obligaban a trabajar.

Tras el relato del afectado, los agentes de la Policía consiguieron entrar en las viviendas de los condenados y liberar a seis indigentes que estaban en su misma situación. Aunque en el banquillo de los sospechosos solo se sentaron los dos procesados y sus esposas, durante la vista se aportaron indicios de que retener a indigentes en poblados chabolistas y tratarlos como "criados" era habitual en A Coruña y en otras localidades gallegas.

Los jueces del Supremo rechazan en el fallo los argumentos de los sospechosos para conseguir que les rebajasen las penas. Así, subrayan que hay "abundante prueba testifical, directa y de referencia, pericial y documental" que constata que los acusados maltrataban a personas "que se encontraban solas, en situación económica precaria y que sufrían serias limitaciones físicas o psíquicas". El alto tribunal destaca que los tenían alojados "en unas condiciones deplorables, llegando incluso a dejarlos encerrados noches" y que los obligaban a trabajar sin pagarles nada, "encontrándose totalmente sometidos a la voluntad de los procesados". Los sospechosos intentaron echar abajo las pruebas obtenidas durante el registro de sus domicilios o la incautación de sus móviles. Los magistrados del Supremo recalcan que fueron "constitucionalmente obtenidas".