El Gobierno central ha introducido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 nuevos trabas a la recuperación por parte de los ayuntamientos de servicios actualmente externalizados. En su disposición adicional vigésimo séptima, se establece que ninguna administración pública podrá incorporar en calidad de empleado público a los trabajadores de las contratistas de concesiones de obras o servicios "cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por su resolución incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio". También se aplicará esta restricción al personal laboral que trabaje para sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, consorcios u otro tipo de sociedades integradas en la administración
La disposición también establece que en aquellos casos en los que, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, los trabajadores de contratas privadas que se incorporen a la administración se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición, quedando sujeto a los límites que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno municipal considera que con esta incorporación del Ministerio de Hacienda lo que se pretende es "inviabilizar" cualquier intento de recuperar servicios externalizados por parte de los ayuntamientos. "Externalizaciones incorporadas, precisamente, por gobiernos que aplicaron políticas neoliberales", señala la concejal de Facenda, Eugenia Vieito.
La medida del Gobierno central coincide con la reciente oposición mostrada por Hacienda a la municipalización del servicio de aguas de Valladolid, que llevó al Ejecutivo a personarse contra ese Ayuntamiento en la ofensiva judicial para paralizar el proceso.
El Gobierno local coruñés se encuentra actualmente en fase de remunicipalizar el servicio de bibliotecas, que en cinco de los ocho equipamientos municipales estaba externalizado a Eulen. El informe sobre el paso a manos municipales de este servicio, elaborado por una Comisión Técnica designada por el Gobierno local, señala que el Concello está obligado a subrogar, es decir, mantener el contrato, a 63 empleados de Eulen que actualmente trabajan en este servicio, quedando excluida solo una empleada por ocupar un puesto directivo.
Mientras el Concello no convoque oposiciones para convertir estos puestos en plazas de funcionario, los trabajadores serían contratados bajo la fórmula de personal laboral indefinido no fijo. Partiendo de esta base, la Memoria señala que al Ayuntamiento le costaría 1.854.673 euros el pago anual de los salarios de todo este personal, siempre y cuando se mantuviesen las condiciones del convenio colectivo que los ampara actualmente con Eulen. Esta cifra supondría un ahorro de 486.671 euros respecto a los 2.323.345 euros que el Ayuntamiento paga actualmente a Eulen.
