El concejal de Culturas, José Manuel Sande, arremetió ayer contra la disposición introducida por el Gobierno central en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, con la que se busca dificultar la remunicipalización de servicios externalizados. El edil tachó esta novedad de "muy agresiva" y considera que con ella el PP pretende "prolongar sus políticas". "Busca destruir las propuestas más audaces de los proyectos municipalistas y no hace sino ahondar en las vías ya iniciadas para debilitar aún más la estructura pública", manifestó Sande.

En su disposición adicional vigésimo séptima, se establece que ninguna administración pública podrá incorporar en calidad de empleado público a los trabajadores de las contratistas de concesiones de obras o servicios "cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por su resolución incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio". También se aplicará esta restricción al personal laboral que trabaje para sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, consorcios u otro tipo de sociedades integradas en la administración.

La disposición también establece que en aquellos casos en los que, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, los trabajadores de contratas privadas que se incorporen a la administración se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición, quedando sujeto a los límites que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno local coruñés se encuentra actualmente en fase de remunicipalizar el servicio de bibliotecas, que en cinco de los ocho equipamientos municipales estaba externalizado a Eulen.

El alcalde, Xulio Ferreiro, censuró el "nulo compromiso" del Ejecutivo central con la ciudad, a quien reprocha la escasez de fondos para proyectos concretos como la mejora de Alfonso Molina, Langosteira o el dragado de la ría.