Los usuarios de la ORA podrán anular a partir de final de mes los avisos de denuncia que reciban, al no haberse presentado ninguna alegación al acuerdo aprobado por el pleno municipal -con el voto a favor de Marea, PSOE y BNG, y la abstención del PP- el pasado febrero. El cambio entrará en vigor quince días después de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), algo que desde el Concello aseguran que sucederá la próxima semana.

Este cambio permitirá que todos aquellos que sean denunciados por no tener tique de la ORA o por presentar uno no válido puedan anular la denuncia del controlador si abonan un recargo de seis euros. Estos conductores dispondrán de sesenta minutos desde el aviso de denuncia para pagar esa tarifa. En el caso de tener tique pero superar el tiempo abonado, se aplicarán dos tarifas: 1,5 euros a quienes abonen el recargo dentro de los sesenta minutos siguientes a la finalización del tique; o tres euros si pagan entre 60 y 120 minutos después.

El cambio en la ordenanza ha abierto un debate todavía sin resolver: el de si le corresponde al Concello o a la concesionaria, Setex Aparki, ingresar el dinero ingresado con estos recargos. El Concello asegura que debe cobrarlos él en exclusiva y se ampara en los informes del interventor municipal, que respalda este criterio. La concesionaria de la ORA reivindica que estos recargos deberían repartirse entre el Gobierno local y la compañía respetando los mismos porcentajes que se aplican al resto de ingresos de los parquímetros.

"Si el Gobierno quiere cobrar los recargos íntegramente debería cambiar el pliego de condiciones, cosa que no puede hacer, o modificar el contrato, algo que debe hacerse de mutuo acuerdo con nosotros", asegura el presidente de Setex, Jaime López de Aguilar, quien asegura no haber tenido ningún contacto formal con el Ayuntamiento para abordar esta diferencia de criterios. "Lo que sabemos es por la prensa", afirma.

El Gobierno ya había llevado este cambio a pleno en enero pero los votos de PP y PSOE lo tumbaron, al entender que la propuesta estaba "poco trabajada". En aquella sesión se había aprobado un cambio en las tarifas pero no la correspondiente modificación de la normativa, lo hacía que en la práctica no se produjese ningún tipo de modificación.

Populares y socialistas también reprocharon al Gobierno la falta de acuerdo en torno a quién debería cobrar los ingresos de los recargos. El concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, reprochó que la responsabilidad de que ese punto no estuviese claro la tenía el PP, que fue quien elaboró los pliegos de condiciones del contrato durante el mandato anterior.