El Ministerio de Medio Ambiente estudia aún las alegaciones recibidas por el proyecto de dragado de la ría de O Burgo, una fase que tendría que haber finalizado en julio del pasado año. Así lo reconoce el departamento estatal en una respuesta a una pregunta escrita del diputado de En Marea, Antón Gómez-Reino. Respuesta en la que, además, el Gobierno de Mariano Rajoy afirma que está por decidir "cómo se financiará" la actuación "entre las Administraciones implicadas". En el mismo escrito avanza también algunas medidas de control de la contaminación ambiental. Entre sus propuestas, promete vigilar el ecosistema durante los tres años posteriores a la ejecución de la obra y, además, paralizar las operaciones "momentáneamente" si la emisión de sustancias está por encima de los límites.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende, en su respuesta del pasado 22 de marzo, que mantendrá vigilado el ecosistema de la ría durante tres años tras la conclusión de los trabajos, ante las dudas de grupos ecologistas y del colectivo de mariscadores sobre el impacto del dragado en la fauna y la flora de O Burgo. El departamento estatal replica que ha diseñado un "minucioso" Programa de Vigilancia Ambiental para garantizar "la protección efectiva del ecosistema".
En la misma respuesta en el Congreso de los Diputados, explica que el programa tiene una fase "preoperacional" antes de los trabajos y que posteriormente se hará un seguimiento durante el desarrollo, que se prolongará durante "los tres años posteriores" a la finalización de la obra, "con un seguimiento de los parámetros más significativos".
Si estos sobrepasan los límites previamente marcados, indican, "se paralizarán momentáneamente las obras de dragado" para evitar "cualquier movilización significante de sustancias contaminantes". Recuerdan también que está previsto, "como seguridad provisional, "que no se realicen labores" de marisqueo en los sectores "contiguos al sector correspondiente a la zona del dragado". Sin embargo, por competencias, delegan la decisión de paralizar o no la actividad marisquera en la Xunta de Galicia.
Dicho Plan de Vigilancia Ambiental incluye la realización, "una vez comenzadas las obras y durante el desarrollo de las mismas, de un control ambiental de las aguas de la ría". El programa, prosigue el ministerio, recoge el seguimiento que van a aplicar "sobre la fauna y la flora" el trienio posterior al fin de la actuación.
El documento compromete la creación de una "Comisión Ambiental", formada por las Administraciones competentes en esta materia "que asesorará a la Dirección Técnica y al responsable del Plan de Vigilancia Ambiental". No especifica más sobre su composición.
La actuación sigue pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). "El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está estudiando las alegaciones presentadas en la tramitación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental", contesta el Gobierno central al diputado, que añade que "en la resolución de la DIA se recogerán todas aquellas que después serán incorporadas al proyecto definitivo cuya aprobación se hará pública y se comunicará a los interesados antes de su licitación".
Solo una vez cumplido este paso, prosigue el ministerio, "se establecerán, entre las Administraciones implicadas, las condiciones de financiación". Una vez decidido quién lo pagará y en qué medida, "se procederá a su licitación". El departamento estatal no pone calendario a estos procesos.
Los trámites de evaluación ambiental comenzaron el 22 de octubre de 2013, con la solicitud de evaluación de impacto ambiental. Al mes siguiente se iniciaron las consultas previas sobre el alcance del estudio, una fase que se cerró en abril de 2014. Fue ahí cuando el calendario comenzó a alargarse. Había un plazo de 18 meses para iniciar el Estudio de Impacto Ambiental, recibir alegaciones y estudiarlas para formalizar la DIA, plazo que concluiría en julio de 2016.
El 11 de diciembre de 2015, a nueve días de las elecciones generales, el proyecto de dragado salió publicado en el BOE con una inversión de 46,3 millones y 21 meses de ejecución. En la respuesta en el Congreso, Medio Ambiente prevé que dure tres meses más, dos años completos. Por el momento y dado que el Gobierno de Rajoy deja en el aire cómo se sufragará, solo reserva un millón de euros en unos Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán con medio ejercicio casi consumido, un millón de euros cuya partida y cuya inejecución se lleva repitiendo años.
