Un pastor evangélico está acusado de formar parte de una organización que presuntamente se dedicaba a explotar a brasileños, a los que contrataban para trabajar en una constructora, no les pagaban o les abonaban sueldos miserables y los amenazaban con revelar su situación irregular en España si denunciaban. La Fiscalía imputa a los dos supuestos cabecillas, un hombre y una mujer que administraban la constructora, con sede en Os Mallos, un delito continuado de falsedad documental y otro de explotación de trabajadores, por los que exige que cada uno de ellos sea condenado a seis años de cárcel.

El pastor de la iglesia evangelista de Santa Cristina se sentará en el banquillo de los acusados el próximo lunes junto a los sospechosos de liderar la banda y a otros nueve investigados. El pastor, al igual que el resto de procesados, se enfrenta a una petición de entre dos y dos años y medio de prisión por cometer un delito continuado de falsedad documental. El Ministerio público relata en su informe sobre los hechos que los dos cabecillas, en colaboración con otras personas, contrataban a empleados brasileños que carecían de permiso para trabajar en España y falsificaban documentación para hacerlos pasar por portugueses.

"Les entregaban cartas de identidad portuguesas que no se correspondían con la realidad como si ellos fueran los legítimos titulares", subraya la Fiscalía en su escrito de calificación, en el que destaca que los empleados colaboraban con ellos, pues les facilitaban sus fotografías. "Esto ocurrió con numerosas personas, algunas de las cuales no han sido localizadas", recalca la acusación.

El grupo operativo de la Policía Nacional que investigó los hechos a raíz de las denuncias de algunos de los afectados comprobó que una empresa implicada en la trama tenía trabajadores distribuidos en dos obras, una de ellas en la calle Juan Flórez de A Coruña y, la otra, en Oleiros, pero solo tenía dado de alta en la seguridad social a un empleado. El resto, por tanto, trabajaba de forma irregular.

Un testigo protegido, según figura en el informe del fiscal, prestó servicios para la compañía entre 2004 y 2007. Durante ese periodo, los propietarios le hicieron "promesas de que regularizarían su situación" y lo sometieron a "condiciones claramente abusivas en el desempeño de su trabajo, con jornadas de más de diez horas, incluso a veces sábados y domingos, por unos 400 euros al mes que no siempre le pagaban". Otro de los empleados, según señala la Fiscalía, prestó sus servicios una semana en la empresa como peón de albañil durante diez horas diarias, pero no recibió ninguna remuneración.

El 091 concluyó en su informe que el pastor evangélico aprovechaba su condición para captar a algunas de las víctimas. Ante la policía algunos testigos relataron que el pastor, su hermano y otro hombre de nacionalidad brasileña se dedicaban a contactar con compatriotas para que trabajasen en constructoras. En ese momento, según sus versiones, ya les ofrecían la compra de la documentación falsa para solicitar la residencia comunitaria.