Tras ganar 45 millones de euros en 2016, la concesionaria de la AP-9 reclama 115 millones a Fomento. Se trata, argumenta Audasa, de la compensación "extraordinaria" prometida por haber costeado obras de ampliación en Rande y en Santiago, acordadas en un convenio de 2011, y por la rebaja de peajes en el tramo Vigo-Pontevedra. La situación de conflicto entre Ministerio y empresa complica el desarrollo del protocolo que firmó la ministra Ana Pastor con la empresa en 2012 para que Audasa abonase también la ampliación de Alfonso Molina, el Vial 18 y dos enlaces en el entorno de Pontevedra. Son obras por un total de 30,5 millones de euros, que la concesionaria de la autopista se ha mostrado reacia a añadir a los 200 millones que pagó por Vigo y Santiago a cambio de una subida en los peajes en toda la autopista, cuestión que además ahora está en los tribunales.

Para que Audasa anticipe el pago de la ampliación de Alfonso Molina, la ejecución del Vial 18 y los enlaces de Pontevedra hace falta convertir ese protocolo de diciembre 2012 en un convenio, un acuerdo que no ha cuajado en cuatro años. De hecho, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, es el Ministerio de Fomento el que asume la financiación directamente, tanto de la ampliación y humanización de la avenida como del Vial 18, mientras que las obras de Rande y Santiago, ya en marcha, son excluidas al estar pagándolas Audasa. Con retraso, espera concluirlas este año, según su Memoria de Gestión de 2016, que no menciona a A Coruña y Pontevedra.

¿Quiere decir que se desecha el protocolo de 2012 y que Fomento asumirá el total de la obra? Fomento dice que no. Aseguró hace diez días que el protocolo sigue "vigente" pero que asume las inversiones en A Coruña al considerarlas "estratégicas". Consigna 12,5 millones: 2,5 este año y tres anuales hasta 2020. Para el otro enlace, solo reserva unos simbólicos 100.000 euros de los 18,1 millones necesarios. La solución de los nudos de la AP-9 en Pontevedra ni siquiera aparece. ¿Esto quiere decir que Audasa no asumirá inversión? Fomento también dice que no. Ni que sí. "Se verá, no se puede adelantar", dicen.

En todo este tiempo, no se han dado pasos públicos para que Audasa se encargase la financiación de los cuatro proyectos en un momento en el que, además, la autopista vuelve a ser un negocio muy rentable para la firma. El beneficio de la concesionaria el ejercicio pasado es el mayor del último lustro, tras años con bajada en sus ingresos por la falta de tráfico por la crisis, por lo que, según fuentes conocedoras de la negociación, la empresa ha dilatado la inversión en A Coruña, que erosionaría dicha evolución. A esto se añade el conflicto judicial millonario entre las partes que tendrían que firmar dicho convenio y planear conjuntamente una nueva inversión en un escenario de desavenencias económicas.

La subida de los peajes de la que se beneficia Audasa se calcula con una fórmula que incluye variables como el IPC y el tráfico. Este año tocó, según el Ministerio, bajarlos. Pero Audasa no está de acuerdo y por eso ha acudido al Contencioso, donde exige 115 millones por el convenio de 2011, que permitía compensar con subidas la inversión en los trabajos Rande y Santiago.

Que hayan cambiado las caras en el Ministerio también influye, según las mismas fuentes, con el traspaso de la cartera de Ana Pastor a Íñigo de la Serna hace cuatro meses. Pastor conocía desde la proximidad el proyecto y rubricó el protocolo, que no se consolidó en los cuatro años de la ministra al mando de Fomento. Tras la firma del preacuerdo en diciembre, el exalcalde Carlos Negreira llegó a anunciar en 2013 "trabajos preparatorios". Aún no se habían respondido a las alegaciones ni confeccionado el proyecto, trámite que se cerró en febrero de 2014 y se publicó en junio de aquel año. Era para Negreira "un gran paso" para la puesta en marcha de la actuación, de casi ocho millones. Paralelamente, Fomento anunciaba que las expropiaciones se iniciarían "en breve" y el Gobierno del PP llegó a estimar que las obras estarían en marcha a finales de aquel año, previsiones que tuvieron que rectificar.

El convenio quedó y sigue nonato. Tras el cambio de Gobierno en María Pita se negoció hasta febrero la humanización de los márgenes con Fomento y se amplió la inversión. En este momento se confecciona el proyecto definitivo para, según explicó Fomento, incluir la "integración ambiental" y actualizar un proyecto que se quedó "desfasado" incluso a nivel legislativo desde 2013. El departamento espera que esté en verano.