El Gobierno local quiere mantener una política de vivienda propia y evitar participar en el programa de pisos vacíos de la Xunta para preservar, por un lado, su "soberanía municipal" y, por otro, evitar enmarañarse en procedimientos con otras administraciones que, a su juicio, conllevarían una gestión más lenta de los hogares sin ocupar.

Así se lo ha trasladado el alcalde, Xulio Ferreiro, a la Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, después del escrito que esta le remitió en marzo, instando al Concello sumarse al convenio firmado entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias, que tiene el objetivo de que los inmuebles desocupados puedan ser destinados a colectivos desfavorecidos, víctimas de violencia de género, personas mayores o jóvenes sin recursos.

El Gobierno municipal destaca, frente a esta iniciativa, políticas propias puestas en marcha a lo largo de los últimos años, como el Plan de Acceso al Hábitat Digno, con el que se busca garantizar un hábitat "digno" a los 500 vecinos que viven en los tres asentamientos chabolistas de A Coruña -O Portiño, As Rañas y A Pasaxe-, una cifra que según los cálculos del Ejecutivo se duplicaría si se contabilizan a los ciudadanos en situación de "chabolismo vertical", es decir, familias en situación de exclusión que siguen viviendo en situación precaria, marcada por su pasado vinculado al chabolismo. Para llevar a cabo este programa, el Concello ha puesto en marcha un grupo "multidisciplinar" de nueve profesionales que se encarga de las tareas de mediación, acompañamiento o captación de vivienda.

El Gobierno local también reprocha que, en su escrito, la Valedora no se hubiese hecho de iniciativas como esta o como el inventario de inmuebles en estado de abandono de la ciudad, que dice haber redactado en 2016. Este proyecto surgió con el objetivo de seleccionar aquellos inmuebles susceptibles de ser adquiridos por el Concello. Ferreiro también destaca otras medidas como el programa de subvenciones para la rehabilitación de inmuebles, dotado de 2,65 millones de euros.

En el escrito de la Valedora, esta animaba al Ayuntamiento a sumarse al plan autonómico para reducir la cantidad de vivienda vacía y partiendo de la base de que, para una gestión más eficiente de estos recursos, la gestión entre administraciones es "irrenunciable".

El Gobierno critica que la Valedora tampoco mencione la existencia de 403 viviendas municipales que, dice el Concello, tratan de poner al servicio de los casos de desigualdad más perentorios para poder garantizar la habitabilidad. De todas ellas, la empresa municipal de vivienda (Emvsa) cuenta con un estudio de qué inmuebles pueden dedicarse a colectivos vulnerables.

El escrito remitido por el alcalde a Milagros Otero finaliza criticando el carácter "limitado" del plan autonómico al que anima a sumarse al Concello. En concreto, Ferreiro reprocha que a él solo se podrían acoger viviendas arrendadas durante 2017, que la garantía prestada a través de los seguros tiene una duración máxima hasta 2019 y sin posibilidad de prórroga, que en la Comisión de Seguimiento del convenio no está representado el Concello o que este excluye a las personas con ingresos insuficientes para hacer frente a los arrendamientos. El rechazo de este plan autonómico por parte del Gobierno contrasta con el sentir del pleno municipal, que con los votos de PP y PSOE respaldó este año que A Coruña debería sumarse a la iniciativa.