El Concello sube en 1,6 millones la partida para el bonobús tras la alegación del PSOE

El Gobierno local desestima el resto de las reclamaciones presentadas por socialistas y PP, así como por clubes deportivos, ciudadanos y otros colectivos, aunque el pleno debe ratificar esta decisión

21.04.2017 | 01:40
Presentación de nuevos vehículos de la Compañía de Tranvías, el pasado mes de noviembre.

La propuesta del grupo socialista de que se incremente en el presupuesto la partida de la subvención al bonobús, consignada en 8,25 millones de euros, es la única de las alegaciones presentadas que será aceptada por el Gobierno local, que aumentará en 1,65 millones los fondos para el transporte público.

El resto de reclamaciones formuladas, entre las que figuran otras del grupo socialista, así como las del Partido Popular, diferentes colectivos sociales y ciudadanos a título individual, serán rechazadas, aunque será el pleno municipal, en el que Marea Atlántica no dispone de mayoría, el que tenga la última palabra. Esto daría pie a una reedición del pleno presupuestario del año pasado, en el que PP y PSOE votaron de forma conjunta a sus propuestas y obligaron a modificar de forma sustancial el proyecto.

La mayor parte de las alegaciones rechazadas no se ajustan a los parámetros establecidos por la legislación para que puedan ser admitidas tras la aprobación del presupuesto por la vía de la cuestión de confianza, según advierte en su informe el interventor municipal, quien aclara que la estimación de otras alegaciones, de PP y PSOE, "pueden resultar más dudosas" al argumentar insuficiente dotación de fondos de una partida, ya que sobre esta cuestión existen "márgenes de interpretación muy amplios".

Los socialistas justificaron la necesidad de aumentar la partida para el bonobús recordando que en 2016 también se destinaron 8,25 millones para subvencionarlo y que el gasto final fue de 9,88 millones. Esta situación se repitió en los años anteriores, según destacó el PSOE, por lo que reclamó la inclusión de 1,56 millones más para evitarlo. Al aceptar la alegación, el Gobierno local propone la compensación del aumento de la partida del bonobús mediante la reducción de otras, como la de mantenimiento y conservación de infraestructuras, que se rebaja en un millón de euros, y la del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, que disminuirá en 252.500 euros.

El PP presenta dos alegaciones que el interventor considera que podrían llegar a ser admisibles. En una exige la retirada del presupuesto de los 4 millones que aportará Emalcsa a través de sus beneficios, mientras que en la segunda pide aumentar en 400.000 euros la partida para las bibliotecas para asegurar los salarios de los trabajadores de la empresa que presta sus servicios con una prórroga mientras el Concello municipaliza este servicio.

El PSOE plantea por su parte reducir en 4,25 millones la previsión de ingresos por los impuestos de Bienes Inmuebles y de Obras y Construcciones, por las tasas de licencias urbanísticas, primera ocupación de viviendas, la grúa municipal, los mercados y los vados. Para los socialistas, existe un exceso de previsión de ingresos que debe ser corregido para garantizar el equilibrio presupuestario.

Para el interventor, la previsión de beneficios establecida para Emalcsa "fue hecha en el marco del principio de prudencia que debe regir la consignación de las previsiones ingresos", por lo que estima no puede decirse que sea "manifiestamente insuficiente", aunque advierte que, ante la indeterminación que caracteriza a este concepto, la alegación podría ser estimada. Sobre el incremento de la partida para las bibliotecas, destaca que los pagos a la empresa se efectúan mensualmente porque en la actualidad no existe un contrato, pero que si al llegar octubre o noviembre se agotara esta partida, "el deber sería el de parar la prestación del servicio" para evitar realizar un gasto sin dotación presupuestaria.

Sobre la previsión de ingresos por el IBI, el interventor estima que no es errónea "aunque sí optimista", al igual que las del impuesto de Obras y Construcciones y las tasas de licencias y primera ocupación de viviendas, que el Gobierno local justifica por la esperanza en una reactivación de la actividad constructiva. El interventor da su visto bueno al cálculo de ingresos del servicio de la grúa, pero considera "excesiva" la de la tasa de los mercados municipales, al igual que la de los vados, en las que el Gobierno local también prevé un incremento de la recaudación.

El aumento en 800.000 euros de la cantidad destinada a convenios nominativos con diferentes entidades que reclama el PP es rechazado por el interventor con el argumento de que se trata de una decisión política, por lo que esta alegación no puede ser aceptada. La Ley solo admite su estimación si el presupuesto no se elabora según los trámites establecidos, si no se incluyen los fondos necesarios para las obligaciones del Concello o por la insuficiente previsión de ingresos.

Esto lleva también a desestimar la petición de la asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto de mayores fondos para el complejo deportivo del barrio, la de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple para que se cambie la finalidad del convenio firmado con ella, la del Club Maristas para que se incluya con convenio con él por valor de 20.000 euros, la de la Asociación de Clubes Deportivos para que se concedan subvenciones de 35.000 euros a tres de sus asociados y la del Club Arquitectura Técnica para que se aumente su subvención.

También se rechaza la petición de la exdirectora de los Museos Científicos, Mónica Iglesias Prego, para que se corrija un error sobre su plaza en la plantilla de personal, así como la de la sección sindical de UGT para que se incluyan las plazas incluidas en la oferta de empleo, ya que ambas se refieren a la plantilla municipal, que se aborda de forma independiente.

El interventor considera además imposible asumir la alegación de Juan Manuel Santos para que se incluyan fondos para afrontar un supuesto aumento de la cantidad que debe pagar el Concello por expropiaciones en el Castro de Elviña, ya que el asunto aún está en los tribunales y el alegante no aclara si interviene a título particular o en representación de otros. Otra reclamación desestimada es la de José Antonio Sánchez Penas, que considera erróneo el cálculo de los costes de la recogida de basura para calcular la tasa, ya que considera que no tiene relación con el presupuesto.

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