Dos años y medio después de haberse elegido una nueva empresa concesionaria, el futuro de la fábrica de armas de A Coruña sigue siendo una incógnita. Un reflejo de la situación que se vive en la planta es el seguimiento "total", según fuentes del comité de empresa, que los trabajadores hicieron de la huelga convocada ayer para reclamar el abono de varias mensualidades pendientes de ser cobradas a Hércules de Armamento, la firma que gestiona el complejo.

Embarcada prácticamente desde el momento en que tomó posesión de la planta en la búsqueda de un nuevo socio inversor que no da llegado, la dirección de la empresa promete ahora a los empleados la firma de un "importante contrato" con una empresa armamentística, con el que se prevé dar carga de trabajo a la plantilla en los próximos meses.

Para poder ganar este contrato, la dirección de la compañía ha iniciado los trámites para volver a recibir los permisos de fabricación de armas que en noviembre de 2015 se le habían retirado por carecer de servicio de vigilancia privada, ya que la empresa que ofrecía este servicio abandonó sus funciones al llevar varios meses sin cobrar. La tramitación de este permiso obliga a a Hércules a volver a contar con seguridad, para poder velar por la seguridad del material armamentístico.

Uno de los posibles inversores que habían sonado en los últimos meses para entrar en el capital de Hércules fue la empresa madrileña Mecanizados Escribano. El interés de esta firma, sin embargo, parece haberse congelado. La empresa había puesto como condición para embarcarse en esta operación recibir el apoyo de la Xunta antes de Semana Santa. Fuentes de la compañía consultadas por este periódico aseguran que, a estas alturas, nade se ha avanzado con el departamento autonómico y reconocen que tampoco han "reflexionado mucho" sobre su posible oferta en los últimos meses.

Pero uno de los grandes interrogantes del proceso es la postura adoptada por el Ministerio de Defensa, propietario de la instalaciones y responsable de velar por el cumplimiento del contrato. Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de la concesión celebrada en noviembre del pasado año, el departamento que dirige María Dolores de Cospedal ha dado la callada por respuesta cuando las preguntas tienen que ver con la fábrica de armas coruñesa. El hecho de que la empresa todavía no hubiese pagado el canon del último año, las deudas salariales y con la Seguridad Social contraídas, la retirada del permiso para fabricar armas o la existencia de menos de 155 empleados en la plantilla -cifra que Hércules se había comprometido a mantener como mínimo un año después de recibir la concesión- llevaron al Ministerio a asegurar públicamente que estudiaría qué medidas tomar sobre el futuro de la concesión. Seis meses después, y pese a la ausencia de cambios, no se ha movido un dedo en los despachos de Defensa.

Los trabajadores de Hércules también reprochan a la Xunta que, pese a haberse comprometido a ello en la reunión celebrada en marzo, no haya mantenido ningún contacto con empresas para garantizar el futuro industrial de la fábrica.