El asentamiento chabolista de A Pasaxe existe desde aproximadamente cuarenta años y, sobre la nave de La Toja pesa un expediente de ruinas que se inició en 1999. Los habitantes del poblado han convivido con charcos inmensos, con incendios que se repiten, con ratas, con frío y con muchos problemas de salubridad. Ellos vivían una realidad y, el asentamiento, en los juzgados, vivía otra paralela, la de la espera constante y el recurso eterno.

Cuando el expediente abierto de ruina por el Ayuntamiento a la antigua factoría de La Toja ya tenía dos años, en 2002, el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián compró los terrenos de A Pasaxe, aunque no fue hasta un año más tarde cuando la inmobiliaria Altramud supo de la existencia de este informe. Los chabolistas tardaron otro año más en conocer la realidad del esqueleto que les servía de pared en sus infraviviendas.

La empresa le pidió al Concello que desalojase los terrenos, una situación a la que se negó el Gobierno local, aunque en 2005, con ayuda de la Policía Local, realizó un censo de las familias del poblado, un documento que se renovó el año pasado, para la elaboración del plan de erradicación del chabolismo.

En 2007, Altramud perdió parte de los terrenos que había adquirido, ya que se le aplicó el nuevo deslinde marítimo-terrestre, de la Demarcación de Costas y en 2012 pidió una licencia de derribo aunque dejaba en el tejado del Concello el realojo de los habitantes del poblado. En junio de 2013, Altramud recibió el permiso y la negativa del Ayuntamiento de desalojar los terrenos afectados, por lo que empezó el periplo judicial de la inmobiliaria y el Concello. El derribo, finalmente, fue suspendido en noviembre de 2013 porque un juez entendía que los chabolistas, por haber vivido 25 años en la zona, habían adquirido "derechos posesorios" y de manera firme se paralizó el derrumbe en enero de 2014. Este año también se le desestimó un recurso a Altramud, de modo que la Justicia entendía que debía ser la inmobiliaria la que buscase una solución habitacional a los afectados por el derribo.

El Superior, en marzo de 2014, autorizó la demolición del esqueleto por "riesgo de desplome" y porque es una obra "de interés general". En una sentencia firme de 2015, también el alto tribunal gallego falla que es Altramud quien tiene que derribar la nave y que es el Concello el que se tiene que hacer cargo de realojar a los chabolistas durante el tiempo que duren las obras. Una vez que el Concello ha buscado una solución habitacional para las familias afectadas por la demolición de la nave -y está en proceso de encontrarla para los demás residentes en la zona-, Altramud ha accedido a ejecutar el derribo del esqueleto de La Toja.