Las figuras del interventor y del secretario, encargados de la fiscalización de los actos municipales, siempre se enaborlan por los grupos políticos como garantes de independencia e imparcialidad. Por eso llama la atención que el PP y el PSOE defiendan alegaciones que el interventor ha advertido de que no se ajustan a los supuestos de reclamación tasados por ley. Bien es cierto que el informe del interventor, en este caso, no es de imperativo cumplimiento -no siempre lo es- , pero su dictamen no puede servir unas veces y otras no en función de si conviene a un grupo político o no. Los socialistas han demostrado más sensatez que los populares al retirar las alegaciones cuestionadas por el interventor. El PP se ha enrocado en su postura contra viento, Marea e Intervención, y ha logrado sacar la de mayor calado con el apoyo, eso sí, del PSOE. Pero el presupuesto no solo se ha atascado por la posición de populares y socialistas. El Gobierno local, como responsable final del presupuesto, debe tender puentes con la oposición para evitar más retrasos en las cuentas. Los efectos de las demoras del año pasado se pueden observar en la liquidación presupuestaria de 2016.