El decreto de pisos turísticos de la Xunta afecta a unas 300 propiedades coruñesas

La portavoz en A Coruña de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia critica que el Gobierno gallego elaborase la norma para su servicio sin contar con los dueños de las casas

01.05.2017 | 15:30
Dos extranjeros, en la oficina de turismo de la plaza de María Pita.

Unas 300 viviendas se alquilan por días en la ciudad, la mayoría a través de internet, en plataformas como Airbnb o Wimdu. Los propietarios de los inmuebles deberán iniciar a partir del 10 de mayo los trámites para adaptarse a los requerimientos de la Xunta, que emitió un decreto para regular este tipo de arrendamientos. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) advierten de que la nueva normativa prohíbe ofrecer habitaciones por separado de un mismo piso sin que el propietario resida en él. "La Xunta considera que cuando haces esto eres una pensión, pero nosotros no somos un establecimiento público, somos particulares", denuncia Adelaida Gómez López, representante de la entidad en A Coruña.

Este tipo de modalidad apenas existe en la ciudad, donde casi todos los inmuebles se ofertan completos, si bien un pequeño porcentaje de los propietarios alquilan habitaciones de las viviendas en las que residen. "Hasta ahora el decreto era confuso en este punto, pero aunque estamos pendientes de que la Xunta lo confirme por escrito, este tipo de modalidad de ofrecer habitaciones en tu casa, conocida en plataformas como Airbnb como home sharing, no estaría afectada por el decreto", explica Gómez, quien especifica que los dueños que arrienden los inmuebles completos son "los que menos problemas tendrán" porque el documento lo regula "de manera clara". La representante de la asociación critica el "desconocimiento" y el "poco tiempo" que asegura que el Gobierno gallego ha dejado para "reaccionar" a los afectados.

Los propietarios deberán justificar ante la Administración autonómica que la vivienda que vayan a alquilar esté reconocida como tal y que carezca de "cláusulas pendientes". Además, estarán obligados a presentar dos documentos. "Uno de ellos es el pago de una tasa de 56,82 euros y, el otro, un impreso que se puede descargar, el anexo 5, que es una declaración en la que el dueño reconoce que la propiedad tiene la cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación o el certificado final de obra", explica la portavoz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia.

Los inmuebles que se ofrezcan para alquileres vacacionales también deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, que no tiene que ver con el de la casa, según puntualizan desde Aviturga, y con un extintor en el interior. Además, según la asociación, los dueños estarán obligados a llevar un registro de entradas y salidas e informar a la policía sobre la identidad de los huéspedes, al igual que los hoteles o pensiones.

"La regulación es necesaria porque nos protege a todos, huéspedes y propietarios, ahora bien, no pueden hacer un decreto sin contar con los propietarios", critica García, quien acusa a los hoteleros de "presionar" a la Xunta. "Estamos totalmente a favor de la regulación, pero hay ciertos puntos que no los entendemos, como que no se permita alquilar habitaciones de una casa si el dueño no vive en ella, algo que se ha hecho toda la vida", subraya la representante de Aviturga.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha amenazado esta semana con impugnar la norma ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) si el Ejecutivo autonómico no introduce cambios en su contenido mediante la "supresión o modificación de distintos artículos". Competencia concluye que el decreto contiene "restricciones innecesarias", establece requisitos excesivos y discrecionales para desarrollar la actividad, además de incrementar injustificadamente los costes para que entren nuevos operadores en el mercado, por lo que considera que es contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea.

Los argumentos de la CNMC han sido estimados en Canarias en una sentencia que suprime la prohibición de alquilar por habitaciones y la obligación de inscribirse en el registro autonómico como paso previo antes de iniciar la actividad. El Gobierno gallego anunció que mantiene el decreto y los plazos, a pesar del rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La normativa da potestad a los ayuntamientos para que establezcan limitaciones por barrios al alquiler de viviendas en periodo vacacional y también a las comunidades de vecinos.

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