El paso a manos municipales de La Solana es el objetivo último de la recalificación urbanística para la que la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto de modificación del plan general, en el que los terrenos pasarán a ser de titularidad pública en lugar de privada. Este cambio implicará, según los expertos en legislación urbanística consultados, serios inconvenientes para que la Autoridad Portuaria pueda seguir adelante con la subasta del complejo deportivo, ya que los posibles compradores se desalentarían ante las consecuencias de la nueva calificación de la parcela.

El terreno figura en la actualidad como sistema local de espacios libres y el Gobierno local busca que pase a ser sistema general, lo que no afecta a la subasta, pero sí el que su titularidad sea pública, ya que en ese caso el Concello tendría opción a expropiarlo de modo forzoso. La Ley permite incluso que el propietario solicite que se lleve a cabo esa operación si pasan cinco años desde que se le concediera esta calificación al suelo.

La memoria económica del proyecto de modificación del plan general para La Solana menciona ya la inversión que el Concello prevé realizar para adquirir el complejo, que coincide con la tasación aprobada por el Puerto para la subasta que había puesto en marcha en mayo del año pasado, 1.387.000 euros. Esa suma aparece ya reflejada en una partida del presupuesto municipal de 2017, destinada a la compra del recinto a la Autoridad Portuaria.

Pero el cambio de privada a pública en la titularidad de la parcela también tendrá otra consecuencia, que consiste en la posibilidad de que el Concello limite los usos que el propietario -en caso de que finalmente el Puerto la venda- pueda realizar en La Solana. Esas condiciones reducirían la rentabilidad que los posibles interesados en adquirir las instalaciones pudieran obtener, hasta el punto de llegar a hacerles desistir de la compra.

Una situación similar se produjo con las parcelas que el Ministerio de Defensa posee en A Maestranza, que también sacó a subasta. El Concello hizo público en aquel momento un informe de potencialidad arqueológica en el que advertía de que existían grandes posibilidades de que aparecieran restos históricos en el subsuelo de esos terrenos, lo que derivó en que la puja quedase desierta.

La puesta en marcha de la recalificación urbanística de La Solana no supone que la Autoridad Portuaria tenga que suspender la subasta, aunque sí tendría que informar a los interesados en participar en ella de que va a llevarse a cabo esa modificación del plan general. Uno de los afectados directos por este proceso es el actual arrendatario del recinto deportivo y el hotel anexo, la empresa Inmobiliaria Río Mero, que se comprometió con la Autoridad Portuaria a realizar una oferta de diez millones de euros por ambas propiedades en el momento en que se reactive la puja.

Las fuentes consultadas dan por hecho que tanto la inmobiliaria como la Autoridad Portuaria presentarán alegaciones al proyecto de cambio del plan general una vez que se abra el periodo de exposición pública tras su aprobación inicial por el pleno. Cuando el Partido Popular promovió el paso de pública a privada en la titularidad de La Solana, negó que esta iniciativa tuviera relación con la posible venta del terreno, lo que también desmintió la Autoridad Portuaria. Tras la aprobación del plan general en 2013, La Solana decidió ampliar sus instalaciones y la arrendataria fue adquirida por dos inversores que también rechazaron tener interés en adquirirías, aunque ahora están dispuestos a pagar 10 millones por ellas.