El presupuesto municipal de 2017, que ascenderá a 237,1 millones de euros, pasó ayer su último trámite plenario antes de entrar en vigor y lo hizo, como no podía ser de otro modo después de siete meses de desacuerdos, con bronca. El pleno finalmente aprobó, con el único voto a favor del PSOE, el dictamen que había emitido la Comisión de Facenda hace dos semanas y por el que se proponía recortar las cuentas en 7,6 millones de euros. PP, Marea y BNG se abstuvieron.
Este recorte tiene su origen en las alegaciones que populares y socialistas habían aprobado en la Comisión, que obligaban a reducir en cuatro millones de euros la previsión de ingresos procedentes del reparto de dividendos de Emalcsa -ambos partidos justificaron esta postura alegando que dicho reparto competía a la Junta General de la empresa, en la que Marea no tenía mayoría- y en 1,65 millones la previsión de impuestos recaudados, algo que, a diferencia de los fondos de Emalcsa, sí seguía la directriz del interventor municipal. Además, el Gobierno local había aceptado dar encaje en el capítulo de gastos a 1,6 millones correspondientes a las facturas del bonobús pendientes de pagar a Tranvías.
Los socialistas se quedaron solos votando a favor de este dictamen de la comisión, para sorpresa de su portavoz, José Manuel García, quien en una airada intervención acusó a la Marea Atlántica de haber roto su "palabra" de votar a favor de este cambio. El alcalde, que desde que la comisión aprobó estas alegaciones se posicionó en contra de la rebaja presupuestaria, alegó que su compromiso nunca fue votar con los socialistas a favor del dictamen, sino no impedir que la rebaja de fondos saliese adelante. "Lo sucio sería que hubiésemos votado en contra del dictamen, y así tendríamos las cuentas que nos gustarían", replicó el regidor.
La portavoz del grupo municipal del PP, Rosa Gallego, acusó a Ferreiro de ser "el único culpable" de que las cuentas de este año no se hayan aprobado hasta el mes de mayo, criticó las "falsas promesas" de remunicipalización de servicios y reprochó algunos de los recortes aplicados por el Gobierno local, como los 500.000 para la remodelación de Santa Lucía. Y es que, a pesar de que la propuesta de reducir la previsión ingresos partió de la oposición, la competencia de decidir dónde recortar recayó en el Ejecutivo local.
Una crítica similar esbozó la concejal del BNG, Avia Veira, que dijo no entender por qué el Ejecutivo decidió retirar fondos de la renta social, del carril bici o de la adquisición de viviendas municipales. La nacionalista también exigió al Gobierno local que estableciese un calendario para la aprobación de una modificación presupuestaria que incluyese las inversiones diseñadas por el Bloque, algo a lo que la concejal de Facenda, Eugenia Vieito, se comprometió a hacer. Poco duró la ilusión de los nacionalistas, ya que José Manuel García aseguró que no daría su apoyo a este cambio, ya que no se les había consultado. "Y saben que, aún con el apoyo de la Marea, no tienen mayoría para sacarlas", advirtió.
Con el cambio aprobado ayer en María Pita, los créditos de inversiones -con los que se financian las obras y proyectos del Concello- caerán este 2017 hasta los 27,61 millones de euros, un descenso del 23,5% en comparación con lo que se había presupuestado en 2016. El Ejecutivo también retiró 3,8 millones de gasto corriente, de los cuales 800.000 euros se corresponden con asistencias técnicas. Fuentes municipales aseguran que las rebajas se han aplicado en partidas que, previsiblemente, no se podrán ejecutar este año al tener solo seis meses escasos de gestión por delante.
