A la antigua Fábrica de Tabacos se le resiste su conversión en sede judicial. El penúltimo escollo, que era el pago de una tasa de 2.410,55 euros que tenía que abonar la Xunta al Concello, se ha salvado esta semana, pero queda por lo menos, otro más. El Ayuntamiento aguarda a que la Dirección Xeral de Patrimonio emita un informe favorable al proyecto final de rehabilitación de la antigua factoría, ya que los trabajos que se realizaron no se ajustan al proyecto para el que se concedió el permiso de obra.

El Ayuntamiento espera este documento a la Xunta, ya que el edificio está catalogado por su valor patrimonial. Fuentes municipales aseguran que, en cuanto reciban el visto bueno de este departamento autonómico a las obras ejecutadas, concederán la licencia de primera ocupación para que Tabacos pueda empezar a operar como sede judicial. Presidencia desconocía ayer la necesidad este nuevo documento y Patrimonio no contestó ayer a este diario sobre cuándo se va a emitir este informe ni si había recibido la petición del Concello.

El edificio fue inaugurado hace casi un mes y medio y, desde entonces, Ayuntamiento y Xunta han mantenido una pugna sobre los plazos y los trámites necesarios para poner en marcha el edificio. Y es que, como parte del mobiliario que van a utilizar los funcionarios cuando se trasladen lo están usando todavía en sus sedes actuales, la mudanza no se podrá desarrollar hasta que todo esté preparado.

Presidencia, en la documentación que remite al Concello para alertarle de que ya le ha ingresado la última tasa que le ha pedido, le pide a la Concejalía de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda que, "en aras del interés público común a ambas administraciones, se proceda a emitir la licencia de primera ocupación con la mayor celeridad" para no "dilatar" el proceso de traslado.

El Concello le denegó la licencia a Tabacos porque los técnicos municipales detectaron que la obra no se ajustaba a la licencia concedida, a partir de ahí, se inició el protocolo de legalización de los trabajos. El Concello le requirió, además, otra tasa a la Xunta que ésta aseguró haber pagado en 2014 y, ahora, está pendiente de que Patrimonio dé el visto bueno a la rehabilitación.