La juez instructora de la operación Pokemon, en la que hay más de un centenar de imputados, entre políticos, funcionarios, altos cargos, empleados y empresarios, solicitó a Vigilancia Aduanera el pasado mes de febrero la transcripción de "todas las conversaciones telefónicas y mensajes" entre el delegado del grupo Vendex en Galicia, José María Tutor, y la exjefa de Movilidad del Concello -ambos imputados en la Pokemon-, así como de las conversaciones que mantuvieron el exconcejal del PP Julio Flores y las ediles Rosa Gallego y Begoña Freire sobre esa funcionaria, que está jubilada. Gallego y Freire ya declararon como imputadas en 2011 por un presunto delito de tráfico de influencias a raíz de una denuncia presentada por funcionaria implicada en la Pokemon, pero la juez de A Coruña archivó el caso.

Además, la instructora exigió un "informe comprensivo" de los correos electrónicos que se intercambiaron los tres ediles del Gobierno dirigido por Negreira que fuesen escritos "con la intención de apartar a la funcionaria del servicio al que estaba adscrita". Los agentes de Vigilancia Aduanera le remitieron la documentación, alguna de la cual ya había sido aportada a la causa en junio de 2015, tal y como le recuerdan los investigadores a la juez.

El informe sitúa al exportavoz del PP en el Ayuntamiento Julio Flores -imputado en la Pokemon- como el "máximo responsable" de la contratación, en comisión de servicios, de una secretaria para el área de Seguridad y Movilidad. En la documentación remitida al juzgado los agentes recuerdan que habían concluido que Tutor, "intervenía de forma directa en los concursos convocados por el Concello de A Coruña" en las fechas anteriores a la apertura de la investigación.