Aterrizar en un Gobierno municipal cuando uno es primerizo en el cargo y no cuenta con el callo de haber pasado antes por la oposición suele ser sinónimo de desafío extremo, especialmente si no cuenta con una mayoría suficiente como para decidir sin ataduras. Adaptarse a la nueva rutina de dirigir un Ejecutivo y al engranaje de la administración local son los retos del primer ejercicio que, dicen los manuales, antecedería a un segundo año más encarrilado. Las cosas no están siendo así en el décimo mandato democrático de A Coruña tras la Dictadura.
A punto de cumplirse el segundo aniversario del sorpresivo vuelco electoral de 2015, la mala relación con los socialistas sigue siendo el talón de Aquiles de un Gobierno de la Marea que hasta 2019 necesitará al PSOE como aliado para sacar adelante los grandes asuntos de la ciudad: desde la aprobación a tiempo de los presupuestos, a la modificación de los impuestos, el impulso del área metropolitana o los cambios de ordenanzas y del plan urbanístico.
A inicios del nuevo mandato, muchos apuntaban a la inminente celebración de procesos electorales como la causa principal de los temblores que sacudían la relación entre ambos partidos. Unas generales a la vuelta de la esquina y unas elecciones autonómicas en otoño de 2016 servían como excusa para que los ayuntamientos fuesen víctimas de las zancadillas entre dos formaciones que competían por un espacio de votantes similar. El cierre de este ciclo electoral, culminado con la arrolladora mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, no ayudó sin embargo a armonizar la vida política en María Pita. Más bien al contrario.
Desde mayo de 2016 se ha elevado varios grados el clima de crispación entre el Gobierno local y el PSOE, que formalmente retiró a la Marea la confianza que le había concedido en el pleno de investidura. El único motivo que mantiene a Xulio Ferreiro sentado en el sillón de Alcalde ha sido la incapacidad de los partidos de la oposición de formar un gobierno alternativo en ese mes de febrero en el que abrieron la ventana de la moción de censura, al perder la Marea la cuestión de confianza.
La ausencia de acuerdos en el plano político ha tenido consecuencias en el día a día del Concello y de la ciudad. La imposibilidad de poder contar con unos presupuestos en vigor antes del mes de mayo, tanto en 2016 como este 2017, ha obligado a posponer inversiones. La inmensa mayoría de los proyectos que habían sido elegidos por los ciudadanos en los presupuestos participativos para este año, por ejemplo, todavía no han podido convertirse en realidad. La adjudicación de la urbanización del polígono del Ofimático, de la que depende que los cooperativistas reciban sus primeras licencias de ocupación, también se tuvo que aplazar por esta causa, según afirman desde el Ayuntamiento.
A pesar de las turbulencias, durante este segundo año de mandato también se ha logrado poner en marcha la renta social municipal -una de las grandes promesas de la Marea-, se ha completado el primer proceso de presupuestos participativos de la historia del Concello y se han dado los primeros pasos para el impulso del área metropolitana, si bien Ferreiro todavía no cuenta con el respaldo de PP o PSOE en el pleno para dar luz verde a la activación formal.
Otro de los frentes que ha centrado los esfuerzos del Gobierno local ha sido el de las negociaciones con el Ministerio de Fomento para, por un lado, rediseñar el proyecto de ampliación de la avenida de Alfonso Molina o abrir la antigua cárcel y, por otro, parar los pies el proyecto urbanístico basado en la venta de los terrenos del puerto interior, así como La Solana y el hotel Finisterre.
