El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado a la Xunta recalcular el reparto de fondos que realizó entre 2011 y 2015 entre las tres universidades gallegas por perjudicar a la de A Coruña (UDC). Los magistrados han estimado el recurso de la institución académica coruñesa, que reclama 7,5 millones por la falta de cumplimiento del plan de financiación al que dieron el visto bueno en diciembre de 2010 el Gobierno gallego y los tres rectores, con un voto particular discrepante de A Coruña. El Superior considera que la UDC recibió menos ayudas de las que le correspondía porque la Consellería de Educación cambió el criterio de reparto del fondo estructural de las universidades, que es la partida "más importante".

La institución coruñesa argumentó que las cantidades abonadas por el Ejecutivo autonómico al aplicar el criterio histórico vulneraron "el principio de seguridad jurídica, de estabilidad financiera y la suficiencia, así como la equidad institucional", pues los cálculos fueron realizados "de una forma unilateral e inmotivada por la Xunta". Los jueces le dan la razón y ordenan en la sentencia a la Consellería de Educación aplicar entre 2012 y 2015 los mismos parámetros de 2011 para determinar la cuantía que le correspondería haber recibido a cada organismo académico en función de la variable histórica. La UDC cuantifica las pérdidas en 7,5 millones y el TSXG decreta que la Xunta, cuando recalcule el reparto de fondos, "en ningún caso podrá reconocerle una cantidad superior a la reclamada en la demanda".

En 2011, el primer año de aplicación del plan de financiación acordado en 2010, se repartieron 290 millones de euros correspondientes al fondo estructural, de los que 123,7 fueron a la Universidade de Santiago; 88, a la de Vigo y 78,3, a la de A Coruña. A partir de 2012 se acordó que la distribución se realizaría en función de nuevos criterios que se aplicarían de forma progresiva. Fue a partir de 2012 cuando la Xunta erró al aplicar los parámetros variables y calcular las subvenciones que debía abonar a cada una de las tres universidades gallegas, según concluye la sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG.

"Queda acreditado que se produjo un efecto de amplificación a la aplicación de los criterios variables que exceden de lo previsto en el plan de financiación", señalan los jueces, que consideran que la UDC probó que hasta julio de 2014 la Xunta solo comunicaba "cómo liquidaba el porcentaje afectado por los indicadores, pero no cómo se fijaba el porcentaje que le correspondía a cada universidad gallega en base a los criterios históricos". Además, el fallo reconoce que la normativa ordenaba deducir de la partida los gastos derivados de los sexenios y los complementos. Aunque estas cantidades debían ser excluidas de los criterios de reparto, la Xunta las tuvo en cuenta. "Resulta acreditado que la administración contravino los acuerdos del término de financiación", indica el Superior.

Cuando a la institución académica coruñesa le informaron en 2014 de los cálculos, detectó el error en la aplicación de las normas de reparto relacionadas con los criterios históricos. La UDC cifró la deuda de la Xunta en 7,5 millones -7,3 millones más 216.600 de intereses-. También reclamó ser indemnizada con 1,2 millones, pero el Superior no le reconoció el derecho a percibir esa cantidad. El Gobierno gallego deberá recalcular ahora la financiación y abonar a la UDC lo que dejó de percibir.